Desde el pico de $15,95 del 24 de setiembre último, la cotización del dólar ilegal se desplomó a 12,65, como resultado del fortalecimiento y la coordinación de las políticas públicas para generar mayores ingresos de divisas y fiscalizar las operaciones financieras, castigando las acciones irregulares.

De hecho, quienes hayan invertido sus ahorros en la moneda norteamericana que se comercializa de manera ilegal en las denominadas "cuevas", perdió como ninguna otra inversión en todo el sistema financiero y bursátil.

La presidenta Cristina Fernández, había denunciado meses atrás que en el Banco Central se apilaban expedientes que contenían investigaciones sobre irregularidades y maniobras fraudulentas en bancos y financieras sin resolver desde 1982.

También dijo que se habían realizado operativos en "cuevas", donde había personal de fuerzas de seguridad prestando servicios y también ejecutivos que decían que desde el Central ya les habían avisado sobre la pesquisa.

Luego de los dichos de la jefa de Estado, se desencadenaron, primero la salida de Juan Carlos Fábrega del Banco Central de la República Argentina (BCRA), el 1 de cotubre, quien fuera reemplazado por Alejandro Vanoli. El actual titular del BCRA, quien era procedente de la Comisión Nacional de Valores, venía realizando un marcado seguimiento de las operaciones de algunas financieras, como la del Banco Mariva, que fue suspendida por maniobras fraudulentas.

En este marco, Vanoli, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Economía, Axel Kicillof, se juntaron con los principales agroexportadores de granos y oleaginosas del país para pedirles que aceleren la liquidación de las ventas, que se habían frenado en los últimos meses, como consecuencia de que desde sectores opositores al Gobierno habían instalado la idea de que se iba a producir una nueva devaluación del peso.

Sin embargo, al tiempo que el dólar oficial se estabilizaba entre $8,40 y $8,50, la cotización de la soja en el mercado de Chicago se ubicaba en pisos cercanos a los 350 dólares.

La cada vez más lejana posibilidad de una devaluación, sumada a la caída de los precios en Chicago y la decisión del Gobierno de lanzar instrumentos financieros atados a la cotización del dólar, estimularon a los productores y exportadores a acelerar la liquidación de divisas.

Producto de esto, desde el 24 de septiembre a esta parte, se liquidaron U$S 2.500 millones, y casi se igualó el registro del año pasado a esta altura, aun con precios 40% inferiores.

El compromiso adoptado por las cerealeras se hizo concreto, y de acá a fin de año se espera que ingresen unos U$S 4.500 millones más, lo que dejaría a la liquidación de divisas en récord histórico.

A la aceleración del ingreso del dólares por parte de los agroexportadores, se le sumó la efectivización del primer tramos del acuerdo de intercambios de monedas en los bancos centrales de Argentina y China, por U$S 830 millones que también engrosaron las reservas monetarias del BCRA.

Además, hay expectativas por el ingreso de otros U$S 1.500 millones, producto de la licitación del espectro para explotar la oferta de servicio de transmisión de datos y telefonía celular en 4G.

A todo esto, el Gobierno lanzó la primera licitación de bonos atados al dólar, el BONAD 2016, cuya demanda logró reunir unos U$S 1.000 millones, cifra similar a la que se espera para el BONAD 2018 que se presentará este jueves.

Por su parte, el BCRA, conjuntamente con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) adquirieron mayor coordinación en sus tareas de control, con "una actitud más racional y menos pro mercado, que se tradujo en acciones contra cuevas y financieras que operaban con importantes sumas para inflar el dólar ilegal", según confiaron a Télam fuentes del Ministerio de Economía.

De esta manera, el "futuro oscuro" sobre el mercado cambiario y el ingreso de divisas para la economía que avizoraron algunos economistas, que reprodujeron hasta el cansancio medios como el Grupo Clarín y sus repetidores, se diluyó como consecuencia de las políticas implementadas por el Gobierno.