Las presiones internas desde el frente macrista, en conjunto con el procesamiento por presunto falso testimonio del juez federal anti kirchnerista, Claudio Bonadío, el mismo que imputó a Cristina, promovieron la remoción de Ricardo Echegaray como titular de la Auditoría General de la Nación. La causa se había iniciado por una denuncia del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, que lo acusó de involucrarlo falsamente en la causa de las cuentas del HSBC.

Se hizo a través de una resolución conjunta entre Gabriela Michetti y el presidente de Diputados, Emilio Monzó, por la que se llegó a la destitución de Echegaray del cargo.

Recordemos que fue el mismo Frente Para la Victoria quien había pedido la designación del extitular de Afip en la AGN, pero esto generó rispideces en el macrismo, quienes finalmente utilizaron la excusa más inmediata para separarlo.

Según expone la resolución, los funcionarios aluden a la ley para afirmar que un integrante de la Auditoria General de la Nación puede ser removido en caso de "inconducta grave o manifiesto incumplimiento de sus deberes".

Pero, si vamos a la realidad, el propio presidente Mauricio Macri asumió al máximo cargo estando procesado, no por una, sino por varias causas. En este caso, el procesamiento es un tema delicado.

También podemos nombrar a Federico Sturzenegger, otro funcionario macrista al frente del Banco Central, que también está procesado. Pero en ese caso nadie dice nada.

Echegaray todavía puede alegar que su procesamiento no está firme y pelear por quedarse en el cargo, hasta que la Cámara se expida y pueda, o no, confirmar su estado ante la Justicia.