Tal cual le había indicado el ministro de Justicia, Germán Garavano, a los periodistas este lunes en un brindis de Fin de Año con la prensa, el Gobierno nacional decidió frenar, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, la implementación del nuevo Código Procesal Penal.

El Código había sido debatido y votado en el Congreso, y se había establecido su implementación para el mes de marzo de este año, aunque según se publicó este martes en el Boletín Oficial, la medida del Ejecutivo fue puesta en marcha.

De acuerdo con el “Decreto 257/2015” publicado este martes en el Boletín, “no se encuentran reunidas las condiciones básicas para asegurar la implementación proyectada en el plazo oportunamente establecido”, al tiempo que afirma que “tal implementación en las actuales condiciones pondría en grave riesgo la correcta administración de justicia”.

De esta forma, según el texto, “el Código Procesal Penal de la Nación aprobado por la Ley N° 27.063 entrará en vigencia de conformidad con el cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación que funciona en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación, previa consulta con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Consejo de la Magistratura de la Nación”.