El ministro Tomada puso de relieve que el objetivo del proyecto es “continuar con la extensión de derechos y con la incorporación de los excluidos y de los más vulnerables que arrancó en mayo de 2003”. Allí explicó las claves de la iniciativa oficial, entre ellas la batería de incentivos para que las micro empresas "blanqueen" a sus trabajadores.

Después del debate en la cámara alta hubo dictamen y se decidió que el 30 de abril se siga en la discusión del proyecto. “La intención y la voluntad es tratarlo en el recinto el miércoles que viene”, anunció el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto.  El senador rionegrino sostuvo que “hay apoyo favorable” para la iniciativa, aunque destacó “algunas miradas en disidencia con respecto a cuestión de sanciones”.

El proyecto crea el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales que incluirá a todas las empresas que no registren a sus trabajadores, que contraten a menores de edad fuera de los límites legales y/o que incurran en trata de personas para el trabajo forzado.

"Las organizaciones sindicales tienen responsabilidad en permitir o no permitir ciertas prácticas que se toleran y se vuelven habituales" advirtió Tomada y abundó: "Ayudaría mucho que las organizaciones sindicales también asumieran plenamente el combate al trabajo no registrado".

"Venimos a profundizar una tarea que hemos encarado desde 2003, impulsamos este proyecto con el objetivo de continuar con la extensión de derechos y la incorporación de los excluidos y de los más vulnerables" aseguró Tomada en el inicio de su exposición ante los senadores minutos después de las 15 y advirtió que "el sector de las pymes es con el que más tenemos que trabajar".

"Este gobierno que nació el 25 de mayo de 2003, puso en marcha, el 26 de agosto de ese mismo año, es decir apenas 91 días después de la asunción del presidente Néstor Kirchner, el programa de trabajo no registrado" y detalló que "ese plan nacional de regularización del trabajo consistió en recuperar la inspección del trabajo, eso nos permitió fiscalizar un millón de empresas y a más de tres millones de trabajadores y a partir de ese día no paramos nunca de trabajar para que el trabajo no registrado descendiera en nuestro país".

Según sostuvo el ministro de Trabajo al dar inicio al debate, los avances en este tema que se dieron durante los últimos 10 años “no fueron obra de un día ni una inspiración nocturna, sino la convicción –que ya estaba en la plataforma electoral de Néstor Kirchner– de modificar un paradigma que hasta ese momento era una naturalización del trabajo no registrado”.

“Creemos que la necesidad de recuperar derechos laborales va de la mano de recuperar el rol de un estado presente y que fiscaliza el cumplimiento de la norma”, precisó, al tiempo que resumió: “Por esta evolución, creemos que es el momento de presentar una ley integral para profundizar el combate a este tema”.

Junto a Tomada, también estuvieron presentes los integrantes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, que preside la senadora por La Pampa, María Higonet; y la de Presupuesto y Hacienda, que lidera el bonaerense Aníbal Fernández.

El objetivo del oficialismo, que consiguió dictámen quiere llevar el tema al recinto en la próxima sesión del Senado, el 30 de abril, para girarlo luego a Diputados, donde obtendría su sanción definitiva.

El proyecto beneficiará a 290.000 microempleadores para lograr la registración de 650 mil puestos de trabajo en dos años. El Estado asignará $ 4150 millones en distintas clases de beneficios.