El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dialogó con Página/12 acerca de el proyecto de ley recientemente presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tiene el objetivo de reducir el elevado nivel de trabajo informal en Argentina. Al respecto Tomada explicó que desde 2003 el empleo no registrado retrocedió de 49,2 a 33,5 por ciento: “no hubo ningún gobierno que hiciera retroceder el trabajo no registrado como nosotros y cuando vemos que sigue sin descender volvemos a dar respuestas, no descubrimos el tema sino que presentamos, por primera vez, un abordaje integral del fenómeno”.
Tomada manifestó que “el primer responsable de que no haya mayor nivel de empleo no registrado son los empleadores”. En este sentido, según información de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), los sectores de alta informalidad son el empleo doméstico, el diverso sector de cuentapropistas, el trabajo agrario, el empleo asalariado en los pequeños establecimientos de la construcción y el comercio, actividades que concentran el 70 por ciento de la informalidad.
El proyecto de Ley presentado en el Congreso introduce la reducción de contribuciones patronales para microempresas, el fortalecimiento de la fiscalización e inspección, y la creación de un registro de empresas que violen la legislación laboral. Tomada piensa que su implementación lograría regularizar alrededor de 650 mil asalariados no registrados en un plazo de dos años, con lo cual la informalidad llegaría al 28 por ciento.
Tomada sostiene que la problemática es consecuencia de 40 años de políticas neoliberales. “La informalidad creció sin interrupción desde 1976 y siguió en democracia con gobiernos radicales, peronistas y con la Alianza”. Acerca de las declaraciones de algunos sindicalistas y funcionarios que manifestaron que  desde el gobierno “ahora se acuerdan, después de 10 años” , explicó que al kirhcnerismo desde 2003 trabajó en  abordaje integral del fenómeno: “quebró una trayectoria de cuatro décadas, se empieza a cambiar la cultura, se concientiza que no es algo natural, se recrea una fuerza inspectora que estaba desmantelada y sin recursos”.
“ No es un plan de reducción indiscriminada de contribuciones patronales, no hay reducción ni rebaja de indemnizaciones, ni pérdida de derechos laborales para los trabajadores. Si dentro de un sistema capitalista queremos generar mejoras en los indicadores de trabajo no registrado, se tienen que dar varias cosas en simultáneo: cierto nivel de crecimiento económico con redistribución del ingreso, la existencia de un rechazo cultural al trabajo no registrado, voluntad política que permita colocar el tema en el centro de la agenda y un grado de regulaciones”, sostuvo.
“Hay que dejar algo en claro: el empleo no registrado no es una opción que ejercen los trabajadores sino una imposición de los empleadores. Son los empleadores los que no registran a sus empleados. El primer responsable de que no haya mayor nivel de empleo no registrado son los empleadotes”, explicó Tomada.
Con respecto al rol del sindicalismo el ministro manifestó que “ debe promover la denuncia macro y micro de la informalidad”. “Hay algunos que dicen que el actual modelo sindical no lo permite. Macanean, la denuncia de las irregularidades laborales es algo que impulsamos desde que se derogó la ley Banelco (de flexibilización laboral, durante el gobierno de la Alianza, N. del E.). Los delegados tienen tutela sindical y deberían ser los más activos promotores del combate al trabajo no registrado”, apuntó.
“Este es un proyecto de política integral que tiene estímulos pero también sanciones. Si no es por las buenas razones, deberán regularizar por las malas razones que representa ser alcanzado en una situación irregular”, señaló el ministro.
Sobre el régimen de inspecciones explicó que en la actualidad Nación tiene muchas restricciones ya que “el Ministerio de Trabajo sólo tiene competencias nacionales para inspeccionar la no registración del trabajo”. No obstante “cuando se apruebe el proyecto de ley, vamos a tener esas atribuciones para fortalecer las inspecciones. Vamos a poder fiscalizar no sólo seguridad social sino todos los temas vinculados a las condiciones de trabajo. Es muy importante que las provincias acompañen, porque ellas tienen un conocimiento profundo de sus estructuras productivas y formas de organización”, sostuvo.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, dialogó con Página/12 acerca de el proyecto de ley recientemente presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tiene el objetivo de reducir el elevado nivel de trabajo informal en Argentina.

Al respecto Tomada explicó que desde 2003 el empleo no registrado retrocedió de 49,2 a 33,5 por ciento: “no hubo ningún gobierno que hiciera retroceder el trabajo no registrado como nosotros y cuando vemos que sigue sin descender volvemos a dar respuestas, no descubrimos el tema sino que presentamos, por primera vez, un abordaje integral del fenómeno”.

Tomada manifestó que “el primer responsable de que no haya mayor nivel de empleo no registrado son los empleadores”. En este sentido, según información de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), los sectores de alta informalidad son el empleo doméstico, el diverso sector de cuentapropistas, el trabajo agrario, el empleo asalariado en los pequeños establecimientos de la construcción y el comercio, actividades que concentran el 70 por ciento de la informalidad.

El proyecto de Ley presentado en el Congreso introduce la reducción de contribuciones patronales para microempresas, el fortalecimiento de la fiscalización e inspección, y la creación de un registro de empresas que violen la legislación laboral. Tomada piensa que su implementación lograría regularizar alrededor de 650 mil asalariados no registrados en un plazo de dos años, con lo cual la informalidad llegaría al 28 por ciento.

Tomada sostiene que la problemática es consecuencia de 40 años de políticas neoliberales. “La informalidad creció sin interrupción desde 1976 y siguió en democracia con gobiernos radicales, peronistas y con la Alianza”.

Acerca de las declaraciones de algunos sindicalistas y funcionarios que manifestaron que  desde el gobierno “ahora se acuerdan, después de 10 años” , explicó que al kirhcnerismo desde 2003 trabajó en  un abordaje integral del fenómeno: “quebró una trayectoria de cuatro décadas, se empieza a cambiar la cultura, se concientiza que no es algo natural, se recrea una fuerza inspectora que estaba desmantelada y sin recursos”.

“ No es un plan de reducción indiscriminada de contribuciones patronales, no hay reducción ni rebaja de indemnizaciones, ni pérdida de derechos laborales para los trabajadores. Si dentro de un sistema capitalista queremos generar mejoras en los indicadores de trabajo no registrado, se tienen que dar varias cosas en simultáneo: cierto nivel de crecimiento económico con redistribución del ingreso, la existencia de un rechazo cultural al trabajo no registrado, voluntad política que permita colocar el tema en el centro de la agenda y un grado de regulaciones”, subrayó.

“Hay que dejar algo en claro: el empleo no registrado no es una opción que ejercen los trabajadores sino una imposición de los empleadores. Son los empleadores los que no registran a sus empleados. El primer responsable de que no haya mayor nivel de empleo no registrado son los empleadores”, explicó Tomada.

Con respecto al rol del sindicalismo el Ministro manifestó que "debe promover la denuncia macro y micro de la informalidad”. “Hay algunos que dicen que el actual modelo sindical no lo permite. Macanean, la denuncia de las irregularidades laborales es algo que impulsamos desde que se derogó la ley Banelco (de flexibilización laboral, durante el gobierno de la Alianza, N. del E.). Los delegados tienen tutela sindical y deberían ser los más activos promotores del combate al trabajo no registrado”, apuntó.

“Este es un proyecto de política integral que tiene estímulos pero también sanciones. Si no es por las buenas razones, deberán regularizar por las malas razones que representa ser alcanzado en una situación irregular”, señaló.

Sobre el régimen de inspecciones explicó que en la actualidad Nación tiene muchas restricciones ya que “el Ministerio de Trabajo sólo tiene competencias nacionales para inspeccionar la no registración del trabajo”.

No obstante “cuando se apruebe el proyecto de ley, vamos a tener esas atribuciones para fortalecer las inspecciones. Vamos a poder fiscalizar no sólo seguridad social sino todos los temas vinculados a las condiciones de trabajo. Es muy importante que las provincias acompañen, porque ellas tienen un conocimiento profundo de sus estructuras productivas y formas de organización”, detalló.