El proyecto fue  tramitado de urgencia en medio del temor a posibles nuevos atentados en Francia, permitiendo el acceso  a datos privados que los servicios secretos realizan hoy sin necesidad de una aprobación judicial previa.

Si bien las principales fuerzas políticas apoyaron al gobierno con esta nueva ley que "protege los derechos individuales", los especialistas en derecho y asociaciones ciudadanas, plantean que es una ley “liberticida”.

La controvertida norma permitirá a los servicios secretos franceses interceptar comunicaciones de sospechosos, acceder a redes y bases de datos u obligar a las operadoras a facilitar los metadatos de los objetivos en tiempo real.

La ley prevé que los espías puedan ser alertados de manera automática  mediante la instalación por las operadoras, buscadores o redes de cajas negras para advertir de comportamientos susceptibles de ser vigilados. La detección se realizará mediante el permanente escaneo de la Red utilizando algoritmos.

La instalación de balizas de seguimiento en automóviles, la colocación de micrófonos en lugares privados o, en caso de que se considere necesario, la entrada en domicilios, también estará permitida con una autorización administrativa, sin intervención de los jueces.

La justificación para esta ley es  "la prevención del terrorismo, la delincuencia organizada o la violencia colectiva" para defender “la independencia nacional, la defensa nacional o la integridad del territorio”.

Las solicitudes de espionaje podrán ser realizadas desde los ministerios de Defensa, Interior, Economía y Justicia. Se enviarán a una denominada Comisión Nacional de Control de Técnicas de Información (dos diputados, dos senadores, dos miembros del Consejo de Estado, dos magistrados y un experto informático) que, si no ve inconvenientes, la remitirá al primer ministro, que es quien tiene la última palabra para autorizar o denegar.

El jefe del Gobierno, Manuel Valls, principal impulsor de la ley, señaló  “ante situaciones especiales, se necesitan leyes especiales”.

El Defensor de los Derechos de Francia, Jacques Toubon, que ha difundido un comunicado en el que expresa sus “reservas”. Y mucho menos las decenas de asociaciones de ciudadanos o la independiente Comisión Nacional de Consulta de los Derechos del Hombre.

Ante las críticas y dudas, el presidente, François Hollande, en un gesto sin precedentes, enviará la ley al Tribunal Constitucional para su examen.

Fuente: El País.