Entre vecinos y militantes sociales y políticos, un centenar de personas acompañaban a las 37 familias que permanecían en el interior de un inmueble situado en el barrio porteño de Boedo buscando evitar ser desalojados por la Policía Metropolitana.

Intentaban evitar que la Metropolitana efectivice la orden de desalojo dictada por el Juzgado en lo Civil N° 46 a cargo del juez subrogante Fernando Pablo Christello, a partir de la causa iniciada por Pavón Plaza, la empresa propietaria del inmueble.

Las 37 familias viven en la casona ubicada en la avenida Pavón al 4.100 desde hace 25 años y ahora reclaman “un techo, no queremos subsidios", como había señalado Luis Roldán, delegado de las familias afectadas.

"Aquí hay 37 familias y unos 60 chicos que quedarían sin escolaridad al no tener los padres un techo para vivir. Nos parece que este es un desalojo intempestivo, nosotros no somos gente de violencia, sólo queremos llegar a un acuerdo con el diálogo", advirtió Roldán.

"Estamos dispuestos a pagar un alquiler porque no queremos que nos regalen nada. Sabemos que esto no es nuestro, que tiene un dueño, pero queremos sentarnos a negociar para que no quedemos en la calle", agregó el delegado.

En el reclamo estaban presentes los legisladores Pablo Ferreyra, Lorena Pokoik y José Cruz Campagnoli, y ahora sumó el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que se presentó ante el Juzgado que ordenó el desalojo para incorporarse en calidad de "amicus curiae" (amigo del tribunal) a la causa.