La jueza federal de San Martín, Martina Isabel Forns, aceptó varios recursos de amparo presentados por entidades de usuarios y decidió frenar la suba en las tarifas de electricidad en todo el país. Entre sus argumentos se destacan la definición de "exorbitantes y desproporcionados" para los aumentos emitidos en las boletas de electricidad y la falta de audiencia pública, tal y como lo  exige la legislación vigente.

En una decisión que sigue la línea de la resolución que la cámara Federal de La Plata tomó en relación al servicio de gas natural, los recursos de amparo firmados por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad (Cepis) y la Asociación de Consumidores Argentinos, fueron atendidos por la magistrada.

En su fallo, Forns exigió que queden sin efecto las resoluciones nro. 6/2016, 7/2016 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación y 1/2016 del ENRE., y ordenó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) "que se abstenga de aplicar el nuevo cuadro tarifario aprobado por la primera de las resoluciones citadas, respecto de todas las distribuidoras del país hasta tanto se realice la correspondiente audiencia pública".

Sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, la resolución estipula que las prestadoras "deberán suspender el cobro de las facturas emitidas como resultado de la aplicación del nuevo cuadro tarifario, y liquidar las facturas respectivas a los valores vigentes con anterioridad a las resoluciones referidas y hasta tanto se conteste el informe previsto por el art.4 de la ley 26.854".

Ante la incertidumbre de los usuarios frente a las facturas que siguen llegando a los domicilios, el juez platense que dictó la suspensión del tarifazo en el gas, Luis Arias, insistió en declaraciones a Radio 10 con que "no hay que pagar y se debe esperar una resolución de la Corte Suprema", y hasta definió las intimidaciones que las empresas envían como ''ilegales''.