Oscar Parrilli y la expresidenta están convencidos de que la intervención del celular del propio Parrilli tenía como fin espiar a Cristina. El extitular de la AFI estuvo dos semanas atrás en la reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Control de los Servicios de Inteligencia y, después de que ni la justicia, ni la oficina que presidió (AFI) -mucho menos desde la Casa Rosada- se hicieran cargo, exigió investigar cómo salieron a la luz sus conversaciones con la expresidenta.

Ahora, el cuerpo de legisladores decidió crear una subcomisión de cuatro miembros para investigar los hechos: los senadores Marcelo Fuentes (FpV-PJ) y Roberto Basualdo (Interbloque federal) y los diputados Teresa García (FpV-PJ) y Daniel Lipovetzky  (Cambiemos), serán quienes elaboren un informe al respecto, según informó lapoliticaonline.com

Se estima que citarán a funcionarios judiciales y a las autoridades de la agencia que dirige Gustavo Arribas, sospechado en varios casos de corrupción. Además, en su presentación, Parrilli cargó contra Arribas y su segunda, Silvia Majdalani, por facilitar los audios, ya que eran los denunciantes de la causa que originó las escuchas.

Entre los detalles a explicar están las publicaciones de las conversaciones por distintos medios en circunstancias ilegales: Luis Majul fue el primero, pero después, Infobae también reprodujo desgrabaciones sin aportar los audios que las autenticaran. Son supuestas conversaciones, imposibles de verificar.

La excusa

La línea de Parrilli fue pinchada con autorización del juez Ariel Lijo, en el marco de la causa que lo acusaba de encubrir al entonces prófugo Ibar Pérez Corradi, en la investigación por el triple crimen de General Rodríguez y el tráfico de efedrina. 

El 29 de junio del año pasado la jueza federal María Servini de Cubría le ordenó a la oficina de Asuntos Jurídicos de la AFI que dejara de intervenir el celular de Parrilli. Según el excolaborador de Cristina, las conversaciones filtradas son posteriores a esa fecha.

Bancados por decreto

Si bien Lijo dirigió el proceso, desde que asumió Macri el sistema de escuchas pertenece a la Corte Suprema, en el ámbito de la Dirección de Asistencia judicial en delitos Complejos y crimen organizado: allí fueron nombrados los camaristas Martin Irurzun (Capital Federal) y Javier María Leal de Ibarra (Comodoro Rivadavia) y Juan Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario de Lijo.

Sus mandatos fueron prolongados por decreto presidencial, y aunque el DNU fue rechazado por la bicameral de trámite parlamentario, aún está vigente. De este modo, la oficina designada por el Presidente 'a dedo' mantiene congelada la investigación.