La violencia tiñe la campaña electoral en la provincia de Chubut y suenan fuertes las acusaciones de Juan Pablo Luque al candidato de Juntos por el Cambio, Ignacio Torres, de estar detrás de los ataques sufridos en actos de campaña.

La jueza de Trelew, Carolina Marín, resolvió tres meses de prisión preventiva para uno de los imputados por las agresiones en la visita de integrantes de la agrupación “Arriba Chubut” al barrio Planta de Gas donde el candidato a gobernador del peronismo, Luque, realizaba una recorrida de campaña..

Luque contó lo que había pasado señalando que “parecía una escena de película, pero fue real y armada por los socios opositores que mandaron a violentos a generar caos. Adrián Maderna y su gente, todos socios y cómplices de la campaña opositora, siembran miedo” marcando al intendente de Trelew.

Para terminar culpando al candidato de Juntos por el Cambio: “La violencia de Torres y su socio Maderna es una muestra de lo que son, algo que la provincia no necesita”.

Tras las detenciones de los sospechosos se encontró la ropa que los identificaba cuando fueron registrados en video efectuando disparos al aire, dos municiones marca Magnum 357, teléfonos celulares, una moto Honda que se usó en el operativo, y un arma de fuego calibre 9 MM con un cargador con 12 municiones.

Según la fiscal, quedó demostrado que Alarcón fue uno de los agresores mientras que la situación del otro detenido, Nicolás Ariel Ávila, se resolverá este jueves. 

El delito fue calificado como coacciones agravadas por el uso de arma de fuego en concurso ideal con abuso de armas y en concurso real con tenencia de arma de guerra en calidad de autor.

La fiscal se explayó sobre las actuaciones policiales y dio cuenta de las numerosas fotografías y videos, donde los imputados se mostraban con armas y ufanándose de haber “sacado corriendo a los camioneros”. 

Además consideró la gravedad de lo sucedido, por la gran cantidad de personas movilizadas y siendo un lugar sumamente poblado, no les importó y efectuaron disparos de armas de fuego. 

La pena es de tres a doce años de prisión y aseveró que Alarcón demuestra un no sometimiento a derecho, ya que tiene rebeldías impuestas en noviembre de 2020 por no presentarse a una audiencia preliminar, en febrero de 2021 una rebeldía y pedido de captura y en septiembre de 2022 otra declaración de rebeldía.

Para terminar explicó que "los testigos no se atreven a hablar debido al temor que imponen los imputados, que tanto en redes sociales como en sus estados demuestran el poder que tienen y el manejo de armas de fuego”.