Hay varias preguntas que aún no tienen respuesta. Si la banda que atentó contra la vicepresidenta se trata de cuatro lúmpenes, ¿cómo es que pueden pagar a sus carísimos abogados?

¿Por qué al menos dos de los abogados de Carrizo trabajan como asesores de legisladores del PRO? O mejor dicho trabajaban porque ambos fueros desplazados de sus cargos cuando se conocieron públicamente sus vínculso políticos.

La idea de que estos caros abogados representen a los acusados es realmente para que los defiendan o para asegurarse de que no cuenten algo que saben?