En 2018 la Legislatura Porteña votó por unanimidad una ley histórica, con el fin de proteger a un gran sector que hasta ahora estaba a merced de las reglas del mercado. 

En la ley se estableció como punto importante que la comisión inmobiliaria la pague el dueño y no el inquilino, con un tope máximo de porcentaje; como también que el dueño del inmueble deberá abonar los costos administrativos. 

Pero las presiones de los inmobiliarios (muchos de ellos en posiciones o cargos de poder) comenzaron a a intentar frenar este avance en los derechos de millones de personas que alquilan, y la Cámara declaró como inconstitucional la Ley de Alquileres en la Ciudad. 

Si bien sigue vigente, por lo que es importante resaltar que los inquilinos no deberán pagar ninguna comisión hasta el momento, ahora transitará un camino judicial incierto. 

Gervasio Muñoz, principal impulsor de estas iniciativas a través de Inquilinos Agrupados, denunció algo insólito: uno de los jueces que declaró como inconstitucional la ley tiene negocios inmobiliarios. 

“Debería haberse excusado”, dijo Gervasio en una entrevista con Novaresio, y sentenció: "Es un poco sospechoso el posicionamiento de la Cámara de Apelaciones, sobre todo el de un integrante, que se dedica de forma privada al negocio inmobiliario".

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Al mismo tiempo, comentó que "pidió permiso al Tribunal Superior de Justicia hace unos años" y al parecer le concedieron la posibilidad que sea juez y tenga esa actividad privada lucrativa. 

El hombre en cuestión es Esteban Centanaro, quien tiene una sociedad anónima llamada Cent, que se dedica al negocio inmobiliario y genera muchas suspicacias por la veracidad y la imparcialidad de su voto. 

Gervasio de hecho acusó a la hija del juez, de impulsar una iniciativa contra los inquilinos: "Ivana Centanaro fue legisladora de la Ciudad y una de las que promovió la creación del Colegio de Corredores Inmobiliarios, que también se presentó en la Justicia para frenar esta ley”.