Con la rápida renuncia del subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, el Gobierno tuvo que salir ensayar una curiosa defensa del ministro de Finanzas, Luis Caputo, quien sigue en su cargo a pesar de la existencia de las pruebas del mismo delito.

Mientras Díaz Gilligan ocultó su titularidad de una cuenta en un paraíso fiscal -en un banco de Andorra, donde tenía casi un millón de euros- con supuesto dinero del empresario del fútbol Francisco "Paco" Casal, es decir que al menos existe el delito de omisión maliciosa, el ministro de Finanzas fue accionista de dos compañías offshore en Islas Caimán y dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami, ambas actividades ausentes en su declaración jurada al asumir la función pública.

Después de que el propio Marcos Peña saliera a respaldar a Díaz Gilligan, el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, tuvo que dar la cara e intentar diferenciar la situación del ministro de Finanzas: "En el caso de Caputo con la tranquilidad absoluta de lo que él dice, lo que él nos cuenta y la tranquilidad de saber que no hay nada que ocultar", remarcó de Andreis.

Según informó Página 12, fueron dirigentes del radicalismo y la Coalición Cívica, aliados del PRO en el frente Cambiemos, los que presionaron para que Díaz Gilligan ofrezca su salida. Se trata del único de los funcionarios acusados por corrupción recientemente -entre ellos el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el el propio Caputo- que abandona su lugar, incluso denunciado penalmente por lavado de dinero y omisión maliciosa en su declaración jurada.