Cuando se abren cajones no se sabe qué se va a encontrar en su interior. Cuando el escándalo por las relaciones entre funcionarios del PRO en la Provincia de Buenos Aires y el narcotráfico fue denunciado por Carrió muchos pensaron que podía quedar solo en palabras, pero las consecuencias recién se empiezan a conocer.

La jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, contó con precisión cronológica cómo fue su clavario cuando le tocó una causa donde se demostró la culpabilidad de policías que tenían que investigar el narcotráfico y eran socios de los mismos a quienes debían combatir.

Pero en la redada también quedaron procesados funcionarios del fiscal Claudio Scapolan, de la UFI especializada en narcotráfico, y en ese momento es recusada y demorada su intervención con idas y vueltas a la Cámara de Casación, en una clara demostración de búsqueda de impunidad.

Para embarrar más la situación, quien se encarga de la defensa de los funcionarios judiciales acusados, fue funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal, en un escándalo del que no se sabe todavía dónde terminará.