La juez Servini de Cubría se encuentra investigando crímenes cometidos durante el franquismo en España, y en este contexto ordenó la detención de 20 imputados, entre ellos los ex ministro españoles Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina. Al mismo tiempo exigió que Interpol concrete su "arresto preventivo".
Servini de Cubría entiende que Utrera Molina, ministro de Vivienda de Francisco Franco entre 1973 y 1974, y Rodolfo Martín Villa, ministro del gobierno de la UCD entre 1976 y 1979, están involucrados en delitos de homicidio en grado de tentativa con la circunstancia agravante de haber sido premeditado.
La jueza pidió que los ex funcionarios sean extraditados a Buenos Aires para un interrogatorio. No obstante se teme que la solicitud sea rechazada como ocurrió en septiembre de 2013, cuando se emitió una orden contra dos exmiembros de las fuerzas de seguridad de Franco.
La jueza llegó a la causa luego de que las víctimas, por  la falta de avance en España, alcanzaran las denuncias a tribunales argentinos en 2010. La Audiencia Nacional española argumentó que el delito de torturas en España está castigado con un máximo de seis años de cárcel y que éste prescribe a los diez años de haberse cometido.
Según la resolución de 286 carillas, la jueza federal consideró que los delitos atribuidos a los imputados "constityen crímenes de lesa humanidad por lo que, en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal".

La juez Servini de Cubría se encuentra investigando crímenes cometidos durante el franquismo en España, y en este contexto ordenó la detención de 20 imputados, entre ellos los ex ministro españoles Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina. Al mismo tiempo exigió que Interpol concrete su "arresto preventivo".

Servini de Cubría entiende que Utrera Molina, ministro de Vivienda de Francisco Franco entre 1973 y 1974, y Rodolfo Martín Villa, ministro del gobierno de la UCD entre 1976 y 1979, están involucrados en delitos de homicidio en grado de tentativa con la circunstancia agravante de haber sido premeditado.

La jueza pidió que los ex funcionarios sean extraditados a Buenos Aires para un interrogatorio. No obstante se teme que la solicitud sea rechazada como ocurrió en septiembre de 2013, cuando se emitió una orden contra dos ex miembros de las fuerzas de seguridad de Franco.

Para la Audiencia Nacional española el delito de torturas en España está castigado con un máximo de seis años de cárcel y prescribe a los diez años de haberse cometido. Por esas circunstancias la magistrada llegó a la causa luego de que las víctimas, por la falta de avance en España, alcanzaran las denuncias a tribunales argentinos en 2010.

Según la resolución de 286 carillas, la jueza federal consideró que los delitos atribuidos a los imputados "constituyen crímenes de lesa humanidad por lo que, en uno u otro caso la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de jurisdicción universal".