Que sí, que no. Así estaban en el día de ayer miles de personas reunidas en Barcelona expectantes ante la palabra del president de la Generalitat, Carles Puigdemont que se presentó ante el Parlamento para anunciar que iba a respetar la voluntad popular del referéndum realizado el pasado 1 de octubre pero que al mismo tiempo se iniciaba un nuevo espacio para el diálogo. 

Si bien las primeras versiones de medios españoles indicaban que desde La Moncloa veían la situación como un "chantaje"; en el día de hoy Mariano Rajoy le exigió a Puigdemont que aclare qué es lo que ocurrió en el día de ayer para ver si finalmente se aplica o no el constantemente mencionado artículo 155 de la Constitución española

"Si Puigdemont respeta la legalidad se pondría fin a un periodo de ilegalidad e incertidumbre. Es lo que todos esperan para poner fin a la situación que se está viviendo en Cataluña", planteó Mariano Rajoy y aseguró “Es preciso que vuelvan la tranquilidad y el sosiego. Seguiré actuando con prudencia y tranquilidad”. 

Por su parte, el presidente de la Generalitat insistió con la idea de iniciar un nuevo proceso de diálogo "sin condiciones" con el Gobierno español. 

“Quizás, lo que podría ayudar a propiciar el diálogo es que dos personas que representen al Gobierno español y dos personas que representen al Govern catalán se sienten con un único y simple punto, estar de acuerdo en nombrar a un mediador”, planteó Puigdemont. 

Y sobre su discurso en el Parlamento- para muchos catalogado como "difuso", o de "chantaje"- Puigdemont señaló: “Intenté enviar un mensaje de tranquilidad y recordar a la gente que estamos ante un problema político que debemos resolver con política y no con la policía”.

 

 

Qué es y qué implica la aplicación del artículo 155 

El artículo 155 es una de las herramientas constitucionales que viene barajando desde hace un tiempo el Gobierno de Mariano Rajoy ante la tensión que fue creciendo con el Gobierno catalán. 

Se trata de un mecanismo de respuesta ante la posible independencia de una región de España y se supone que es una medida de carácter excepcional y que implica el control político de las comunidades autónomas por parte del Estado.

El texto indica que el Gobierno pueda adoptar “las medidas necesarias” para “obligar” a una Comunidad Autónoma el “cumplimiento forzoso” de sus “obligaciones” que la Constitución u otras leyes le “imponen” o, si fuera el caso, la “protección” del “interés general”. 

Para su aplicación primero debe advertirse al Gobernador de la comunidad afectada- en este caso Puigdemont- y si no "vuelve a la legalidad constitucional", el Gobierno español debe presentar las medidas (enmiendas, sanciones) para la unificación ante el Senado (hoy en su mayoría compuesto por el Partido Popular que representa Rajoy) que a su vez debe aprobarlas por mayoría absolutas.