El pasado 2 de marzo, la alcaldesa de la ciudad francesa de Calais, Natacha Bouchart, firmó una ordenanza con el fin de evitar el flujo de nuevos refugiados a la "Jungla" como suele llamarse al lugar donde miles de refugiados quedan varados sin poder ingresar legalmente al continente. 

En la zona que alberga más de 10 mil personas ya tuvieron lugar deportaciones e incluso desde diversas instituciones internacionales se alertó sobre la crisis humanitaria que viven los desplazados en extremas condiciones sociales y climáticas. 

Desde 2016, un muro de 4 metros de altura y un kilómetro de longitud impide en el puerto de Calais que los migrantes logren llegar a Inglaterra.