La Cámara Alta convirtió esta miércoles en ley, el proyecto de Presupuesto 2017 de la Administración Pública Nacional, junto con la reforma a la Ley de Administración Financiera que le pone límites al Poder Ejecutivo al momento de reasignar las partidas presupuestarias.

De esta forma, la iniciativa obtuvo el apoyo de la mayoría de la bancada del Frente para la Victoria y del resto de los bloques peronistas disidentes, así como de la centroizquierda, donde el debate se extendió por siete horas, obtuvo 59 votos a favor y 8 en contra. 

La reforma a la Ley de Administración Financiera recibió 60 votos positivos y 5 en contra.

El Presupuesto 2017 contempla un gasto total superior a los $ 2 billones de los cuales el 64% se destinará a servicios sociales y a un ambicioso programa de obras públicas y el 10% a la deuda pública.

Entre otros aspectos, la iniciativa contempla un crecimiento del 3,5% del PBI; una inflación del 17%; un dólar a $ 18 pesos y un déficit fiscal del 4,2%.

En tanto la modificación a la Ley de Administración Financiera fija un tope del 7,5% del monto general de gastos previstos en el proyecto de Presupuesto 2017 para que el Poder Ejecutivo redistribuya partidas durante el corriente año. A partir de 2018, ese límite a los llamados “superpoderes” bajará al 5% del Presupuesto.

Si bien la gran mayoría de la oposición (con la excepción del núcleo kirchnerista del PJ-FPV y de Fernando "Pino" Solanas, de Proyecto Sur) votó en general a favor del cálculo de gastos e inversión, el proyecto tuvo varios cuestionamientos por el nivel de endeudamiento.