Si bien el tema no tiene ninguna posibilidad de extenderse a nivel país y que la medida de la jueza será apelada, preocupa que aún una parte de la Justicia argentina no respete la decisión de la mayoría de ambas cámaras del Congreso Nacional.

La magistrada Marta Beatriz Aucar de Trotti fue quien tomó la determinación de hacer lugar al pedido en contra de la ampliación de derechos y a favor de la salud pública.

Pero la mayoría de los analistas coinciden en que “la ley es de orden público y la autoridad de aplicación es el Poder Ejecutivo Nacional”. Por ello, ni la justicia ni los estados provinciales tienen legitimación para impedir que se aplique.

En tanto, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del gobierno provincial publicó un comunicado en el que aseguró que “ante la medida cautelar que suspende la aplicación de la ley 27.610 difundida por la red social WhatsApp, queremos aclarar que el gobierno provincial no ha sido notificado al respecto”.

“Somos respetuosos del Estado de Derecho, respetamos los procesos judiciales y llegado el momento, contestaremos de tal forma. La ley de interrupción voluntaria del embarazo es una ley sancionada por los representantes del pueblo. Desde el gobierno provincial, vamos a seguir impulsando este derecho para proteger a las mujeres y personas gestantes”, concluyó la misiva.