El Ministerio de Educación porteño separó de sus funciones a la maestra Alejandra Bellini y a la directora Elsa Vincova, del jardín de infantes Nº 2, Distrito Escolar 12 (JIC 2 de 12) del barrio de Flores, donde iba el nene de cinco años que murió un mes atrás por una brutal golpiza de su padrastro.

La sanción fue dispuesta en el marco de un sumario abierto para evaluar “si cumplieron con el protocolo” para denunciar señales de maltrato en los alumnos.

Luego de realizar un abrazo simbólico al jardín, los integrantes de la comunidad educativa cortaron ayer a la tarde varios carriles de la avenida Avellaneda entre las calles Bolivia y Artigas.

El reclamo de padres y docentes es para que "restituyan de inmediato" en sus puestos a la maestra y a la directora, dijo Cecilia Luis, madre de un alumno, quien participó de otra protesta que la comunidad educativa realizó el martes en el establecimiento.

Las autoridades educativas fundamentaron la medida en un "supuesto protocolo" que “hay que seguir” en estos casos, señaló la mujer, quien junto a un grupo de padres rechazó la decisión del Ministerio "porque perjudica a los demás chicos".

En los reclamos, la comunidad solicitó que se "aplique justicia al padrastro de Agustín Marrero", que murió el 9 de junio pasado.

El chico empezó a cursar tarde luego de que su familia tuviera problemas con el sistema de inscripción online y fue por eso que desde la escuela no pudieron tener una entrevista previa con el grupo familiar antes de que ingresara.

La entrevista permite conocer la biografía del chico y cómo es su núcleo familiar. Sin ella, a la escuela le falta información importante para trabajar con el estudiante y por lo tanto la sanción aplicada en este caso debería revisarse.

Las educadoras elevaron actas a supervisión donde explican que habían citado a la madre del nene porque habían detectado lesiones en él, pero la mamá llevó certificados médicos para justificar los golpes.

Los docentes y padres anunciaron que seguirán reclamando que en la ciudad exista una "política de Estado que destine un mayor presupuesto para los equipos interdisciplinarios, políticas que busquen defender efectivamente los derechos de los niños y que se recupere la centralidad de la enseñanza".

Mariano Denegris, secretario de comunicación de la UTE, coincidió en que "es correcto que se inicie un sumario para averiguar si la institución llamó a los padres, si hizo las actas para registrar los hechos; lo que no es correcto es separar a los docentes de sus cargos cuando sus acciones no constituyen riesgo para los alumnos".

La UTE emitió el lunes un comunicado en el que respaldó a la directora y a la docente de la sala naranja turno mañana del JIC Nº 2. Además, Denegris estimó que en vez de responsabilizar a las docentes, “debería ser la preocupación de (el ministro de Educación, Esteban) Bullrich, poner a disposición de las escuelas las herramientas necesarias para enfrentar estas situaciones de maltrato” que puedan sufrir los alumnos.

Por otro lado, las docentes, que ya fueron desplazadas y apartadas de sus funciones, todavía no fueron notificadas legalmente de la sanción.