La imagen transmite miedo. La conservación de este tipo de prácticas, que no respetan las libertades personales y que violan la Constitución, encienden la alarma. Sobre todo, entendiendo que las responsables son las fuerzas que debieran cuidar la seguridad de los ciudadanos.

La Comisión Provincial de la Memoria denunció la ilegalidad de los operativos de interceptación que lleva a cabo la Policía Bonaerense en distintos distritos, aunque en especial, en Glew: donde la impactante escena fue retratada.

Estos procedimientos que recuerdan a los años de poder e impunidad militar grafican "la emergencia de una fuerza policial que las tiene incorporadas en su accionar cotidiano y un poder político que lejos de propiciar su democratización, fomenta su autogobierno, su desprofesionalización y el sesgo autoritario de su intervención", advirtieron desde la comisión.

La detención de colectivos y posterior requisa, sin orden judicial, de sus pasajeros es ilegal, mientras que desde la comisión explicaron que se trata de una "profundización de un modelo de 'seguridad' que promueve el control territorial de los sectores populares", una realidad que a menudo se vive en varias áreas del conurbano.

"La Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) denuncia con alarma la realización de procedimientos policiales ilegales consistentes en la detención de colectivos y la posterior requisa, sin orden judicial, de sus pasajeros", señalaron en un comunicado.

"Estos procedimientos son ilegales, en tanto implican el cacheo y secuestro de pertenencias sin orden judicial", precisaron.

"Este tipo de medidas propician la violencia estatal, aumentan el divorcio entre seguridad pública y derechos humanos y son ineficientes para incidir en el desarrollo de mercados ilegales y el delito complejo... Remite a la época de la dictadura, cuando eran habituales estos procedimientos como parte de un plan sistemático de las fuerzas policiales y de seguridad", agrega el documento difundido.

Además, la organización de derechos humanos reclamó por una política de seguridad tendiente a la democracia: "Insistimos en que la política que debe asumirse es el de la seguridad democrática. Con ella se propicia la conjugación de la profesionalización en el abordaje del delito y el respeto irrestricto de los derechos humanos".