Como se sabe, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Gobierno que, en el plazo de tres meses, reglamente el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, que obliga a las empresas a tener guarderías para los hijos de su personal.

Sin embargo, un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) rechaza la resolución judicial –sobre una ley votada en el Congreso y aprobada por el PEN– señalando que no son las empresas sino “el Estado el que debe garantizar el acceso a servicios de alta calidad de cuidado de la infancia priorizando a los hogares de menores ingresos”.

Para formular tal argumento, la entidad sostiene que la calidad de vida de la infancia “no se logra obligando, como lo dispuso un fallo judicial, a que las empresas se hagan cargo de las guarderías de los hijos de sus empleadas”, sencillamente porque “solo 6 por ciento de mujeres pobres con hijos tienen un empleo formal”.