La nueva orden dictada por la jueza María Gabriela López Iñíguez no se podría concretar en forma inmediata, como solicitó la magistrada, debido a que el viernes pasado fue presentada una apelación patrocinada por la Defensoría General de la Ciudad, con el apoyo de los legisladores porteños Marcelo Ramal (FIT), Gustavo Vera (UNEN) y Alejandro Bodart (MST).

Según informaron fuentes judiciales, la jueza López Iñiguez hizo lugar a un pedido de la Fiscalía al considerar que el predio se encuentra contaminado y significa un riesgo para los ocupantes.

Además argumentó que la toma del predio es un delito, por lo que pidió el desalojo, y que el mismo lo lleve a cabo la Policía Metropolitana.