La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvo en un barrio cerrado de Tigre a un exmiembro del Ejército, acusado de cometer delitos de lesa humanidad, y prófugo desde el 2008.

La PSA siguió sus pasos hasta el barrio cerrado "Laguna del Sol" en el Talar de Pacheco, según confirmó a Télam el Fiscal Federal de la Unidad de Derechos Humanos de Bahía Blanca, José Nebbia.

Álvarez, el prófugo más antiguo del distrito bonaerense en el cual desarrolló sus tareas durante la última dictadura cívico militar, y amigo del exjefe de la bonaerense, Ramón Camps, fue detenido este martes en horas de la tarde.

Germán Montenegro, jefe de la PSA, confirmó que Álvarez, de 88 años, fue trasladado al penal de Ezeiza, pero se espera que en las próximas horas lo lleven a Bahía Blanca, donde se están llevando a cabo los juicios de lesa humanidad.

En 2008 se supo, a través de investigaciones periodísticas, que el coronel retirado y prófugo de la justicia dirigía una agencia de seguridad privada. Fue gerente de Alsina SRL hasta 1998 y dueño hasta marzo de 2000, cuando le cedió las acciones a su yerno.

Agencia de "policía particular"

“Policía Particular, empresa dedicada a la investigación y a la realización de informes comerciales y particulares”, explicaba hasta 2008 la información de la empresa sobre las tareas que realizaba Alsina SRL en 1948.

El año del golpe de Estado, 1976, deciden "ampliar sus horizontes y comienza a brindar servicios en la provincia de Buenos Aires”. Aldo Mario Álvarez era entonces jefe del Departamento II Inteligencia del Cuerpo V, que abarcaba el sur bonaerense y la Patagonia.

El represor renunció a su cargo de gerente en 1998, una década después de obtener su impunidad gracias a la ley de Obediencia Debida.

En 2000, ante la posibilidad de que la agencia fiscalizadora lo descubriera, le cedió a su yerno Rubén Héctor Burgos sus 12 mil cuotas parte, el equivalente a dos tercios del capital de la empresa. Como socio con el otro tercio asumió Juan Balanesco, un principal dado de baja de la Policía Federal.

En 2002, Burgos le cedió la mitad de sus acciones a la esposa del coronel, Elizabeth María Icazatti, mientras que hacia finales de 2005, con la reapertura de la causa por los crímenes en "La Escuelita bahiense" -que funcionaba a 200 metros de la oficina de Alvarez- el juez federal de Bahía Blanca, Alcindo Alvarez Canale, ordenó su detención.

El 8 de mayo pasado, el juez federal de Bahía Blanca, Alcindo Alvarez Canale, ordenó su detención.