Denuncian violencia y abuso policial contra una periodista, durante el allanamiento contra Adriana Funaro
Lúcia de Souza Madeira trabaja para la revista THC y cuando cubría el procedimiento en la casa de la cultivadora solidaria de cannabis medicinal en Ezeiza, fue amedrentada por el vecino denunciante, Héctor Osvaldo Laporta. El hombre disparó con arma de fuego al suelo frente a oficiales y testigos: "No saben con quién se metieron", fue su amenaza. En la comisaría se negaron a asentar lo sucedido. La denuncia del CELS.
Resulta sumamente preocupante la forma en que las fuerzas de seguridad atropellan las mínimas reglas morales de su rol, en pos de cuidar a determinados personajes nefastos.
Durante el allanamiento a la cultivadora y productora de aceite de cannabis con fines medicinales, Adriana Funaro, la periodista Lúcia de Souza Madeira de la revista THC sufrió la agresión con arma de fuego del vecino que denunció a la activista solidaria y la imputación por "coacción" y "violación de domicilio", por parte de la propia policía bonaerense, cuando se dirigió a denunciar lo sucedido.
El supuesto denunciante contra Funaro, Héctor Laporta, "comenzó a insultar a las personas que se encontraban presentes, entre los que había activistas, vecinos y familiares de los niños a los que Adriana les provee gratuitamente el aceite de cannabis con el que llevan adelante sus tratamientos", relata la publicación de cultura canábica.
"Laporta, al ser consultado por nuestra compañera acerca de la denuncia realizada, se limitó a decir que tiene "contactos con el intendente" de Ezeiza y ex ministro de seguridad bonaerense Alejandro Granados. Cuando la periodista de THC intentó tomar una fotografía, Laporta sacó un arma de fuego y frente a las fuerzas policiales y a una veintena de testigos congregados en el lugar disparó al piso. 'No saben con quién se metieron', fue su amenaza antes de golpear y sacarle un diente a Nicolás Breg, una de las personas que manifestaban su apoyo a Funaro. La policía decidió no detener a Laporta, argumentando que no habían visto nada ni escuchado el disparo", resumieron sobre la vergonzosa situación de atropello contra la ciudadanía.
Las voces en repudio se multiplican en las redes y desde la organización Mama Cultiva llamaron a realizar un escrache este mediodía en la sede policial. El cEntro de Estudios Legales y Sociales lanzó un comunicado con preocupación sobre la constante "criminalización de los usuarios".
Vergüenza en la comisaría
Cuando Lúcia se presentó en la Comisaría 5º del barrio "La Unión" de Ezeiza para asentar lo sucedido -agresiones, amenazas y uso de arma de fuego- el comisario ordenó que no se le tomara declaración, cometiendo un delito por incumplimiento de sus deberes.
En cambio, el jefe de la unidad policial redactó una citación de la UFI Nº2 de la misma localidad, a cargo del fiscal Carlos Alberto Hassan, para pedirle declaración acusándola del delito de ¡¡ "coacción" y "violación domicilio" !! En otras palabras, tergiversaron 180 grados la historia, transformándola con una firma de escritorio en una agresora contra el "amigo" Laporta y su vivienda.
El comunicado completo del CELS
Ayer la policía de la Provincia de Buenos Aires ingresó en la casa de Adriana Funaro con una orden de allanamiento por "cultivo y posesión de estupefacientes". Adriana es miembro de la Agrupación de Canabicultores de Zona Sur y produce aceites a partir de las plantas de marihuana para tratar la artrosis que ella misma sufre, y para regalar a otros pacientes que utilizan esta sustancia con fines terapéuticos y paliativos.
La intervención policial fue impulsada por la denuncia de un vecino que, presente en el lugar, disparó un arma de fuego que portaba frente la mirada de familiares y amigos que se encontraban frente a la casa de Adriana. Los agentes de la Bonaerense no intervinieron ante este hecho ya que "no escucharon el disparo" . Adriana fue detenida por poseer en su casa 36 plantas y semillas de marihuana, y goteros con aceite medicinal de cannabis que fueron secuestradas por la policía.
El marco legal de nuestro país posibilita el desarrollo de investigaciones para explorar las potencialidades del uso del cannabis como medicamento, pero imposibilita su utilización y criminaliza a sus usuarios.
En la actualidad cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que regula la utilización del cannabis con fines medicinales. Pero es importante destacar que esta iniciativa no contempla el cultivo individual, solidario o colectivo. Ello implica que casos como el de Adriana, así como el de Eric Julián Sepúlveda Pascottini y Alejandro Nicolás Tverdovsky, presos en la provincia de Córdoba el pasado mes de octubre por producir aceites de cannabis para uso medicinal, seguirán ocurriendo.
Una vez más, observamos cómo el modelo imperante de políticas prohibicionistas concentra sus esfuerzos en criminalizar a usuarios. En este, como en tantos otros casos la intervención estatal priva de la libertad a quienes recurren al auto-cultivo, como instrumento para evitar el vínculo con el comercio ilegal de drogas.
