La denuncia fue formalizada la semana pasada por la Unidad Fiscal de Bahía Blanca, que acusa al arzobispo de esa ciudad bonaerense por "encubrimiento", dado que en los hechos financió durante su fuga al excapellán acusado por distintos delitos de lesa humanidad.

Según los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, un apoderado de Aldo Vara retiraba todos los meses del Arzobispado de Bahía Blanca un cheque para el cura imputado, a pesar de que tenía pedido de captura nacional e internacional y de que el Estado ofrecía una recompensa para encontrarlo.

Finalmente, Vara fue detenido a fines de abril por Interpol en Ciudad del Este y, pese a su manifiesta voluntad de burlar la ley, un juez de garantías de Paraguay le concedió el arresto domiciliario hasta que se concrete su extradición.

Teniendo en cuenta que el arresto domiciliario se efectiviza en una parroquia de la localidad paraguaya donde fue detenido, todo indica que sigue bajo la protección de la Iglesia, sea esta argentina o paraguaya.

Para la fiscalía bahiense, el presunto delito del prelado se encuadra en el artículo 277 del Código Penal, que fija penas de seis meses a tres años de prisión a quien ayude a un imputado "a eludir las investigaciones de la autoridad judicial y a sustraerse a la acción de esta", según consta en el requerimiento.