El fiscal federal Carlos Stornelli no dudó en desestimar a mediados de 2013 una sospecha contra la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió, luego de que el abogado Gustavo Ogni radicara la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra la legisladora chaqueña.

La revista Veintitrés puso en tapa un informe en el que detallaba la compra por parte de Carrió de una chacra en un club de campo ubicado en Capilla del Señor, en la provincia de Buenos Aires.

En esa ocasión, el fiscal afirmó que para determinar como "infundada" la presentación sobre la dirigente, tuvo en cuenta que la denuncia en su contra se hizo en un momento en que se formulan acusaciones y demandas sobre supuestos hechos de corrupción que involucrarían a figuras del gobierno nacional.

Una especie de blindaje judicial para "Lilita", ya que la opositora basó sus dos décadas de participación activa en la política en quebrar las expectativas que creaba entre sus ocasionales aliados políticos para denunciarlos de inmediato de las peores bajezas de la inmoralidad pública y así romper cada frente y, por otro lado, descalificar a repetición al gobierno y a sus funcionarios con cualquier sospecha en los medios de comunicación.

Si el argumento para desechar una investigación contra la diputada es que el gobierno nacional es investigado por presuntos delitos basados en denuncias, el círculo de inmunidad es perfecto para Carrió, ya que nadie puede investigarla.

El mismo fiscal que desechó de manera instantánea iniciar una investigación contra Carrió, utilizó después la misma rapidez pero en sentido inverso y dio curso a una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer que involucra a Cristina Fernández de Kirchner.

El domingo 9 a la noche, la líder del GEN miró el programa Periodismo para todos que emite Canal 13 y conduce Jorge Lanata, donde se sostuvo que habría irregularidades en el funcionamiento de la empresa Hotesur SA, firma que indicó ser accionista la presidenta en su declaración jurada.

A la mañana siguiente, Stolbizer fue a los tribunales federales de Comodoro Py y radicó una demanda contra la mandataria y el ministro de Justicia, Julio Alak, que recayó en el juez Claudio Bonadio y con Stornelli como fiscal a cargo, quien no dudó en requerirle al magistrado que abriera una causa para que se investiguen las sospechas que se emitieron en los medios del Grupo Clarín contra la jefa de Estado.

Este manera de operar quedó expuesta en lo que el secretario de Justicia, Julián Álvarez, definió como "Operación Escudo", una estrategia de Bonadio para conseguir protección en los medios de comunicación opositores al gobierno y presionar al Consejo de la Magistratura, que tiene que definir la situación del juez, acusado de mal desempeño.