Sectores de la Jusiticia continúan empeñados en pedir prisión preventiva para todos los dirigentes opositores del país. Ahora la embestida judicial apunta contra Pablo Moyano, titular de Camioneros y uno de los pocos sindicalistas disidentes con la gestión.

El fiscal Sebastían Scalera volvió a insistir con el pedido para que el juez detenga al sindicalista. Afirmó que "si no lo hiciera" sería una "grave irresponsabilidad" del Ministerio Público fiscal, pues se estaría afectado el "principio de igualdad" ante la ley, porque "con los mismos elementos de prueba" en la causa "hay detenidos con prisión preventiva confirmada".

La decisión de apelar la negativa de Carzoglio fue acompañada de la recusación del magistrado, dijeron a Télam fuentes judiciales.

Scalera, que presentó el recurso para que la Cámara del Apelaciones de Lomas de Zamora revoque la resolución de primera instancia y además ordene la realización de medidas de prueba que Carzoglio se negó a producir, rechazó que el pedido de detención de Moyano careciera de fundamentos.

"La investigación tiene mucho tiempo de trabajo", ya que "desde marzo de 2017" hubo "gran producción de pruebas", entre ellas "escuchas telefónicas" que, según Scalera, comprometen al sindicalista.

Scalera aseguró –a diferencia de Carzoglio- no haber recibido ningún tipo de amenazas por su actuación en este sumario penal y consideró que "los magistrados tienen que estar preparados para resolver de manera independiente".