Mientras comienza la discusión sobre la nueva ley de Abastecimiento -que comprende reformas e innovaciones- en el plenario de comisiones del Senado, y ante las críticas de sectores opositores así como del conglomerado empresario, el secretario de Comercio, Augusto Costa, defendió la iniciativa que busca darle más herramientas a los consumidores.

"Se trata de una reacción casi unánime de sector empresario. Los que reaccionan son los representantes de los grandes capitales concentrados (...) contra una legislación que protege a los consumidores", dijo el secretario mientras subrayó la falta de lugar que tienen "los pequeñas empresas o asociaciones de consumidores, donde el apoyo a las reformas es unánime".

Costa destacó, en relación a las quejas del sector empresario concentrado sobre la posibilidad del Estado de establecer márgenes de ganancia, que "eso ya existe hoy con la legislación vigente, no se están incorporando esas competencias".

"Las novedades más relevantes son la propuesta de creación de un nuevo fuero de justicia al consumidor, para facilitar el reclamo por parte de los consumidores, que son muchas veces en las relaciones de consumo, abusados", puntualizó al tiempo que argumentó: "Al ser es eslabón más débil, necesitan una justicia especial con la que hoy no cuentan".

"Otra novedad es la creación de un observatorio de precios, que va a permitir hacer un seguimiento pormenorizado en los diferentes sectores de actividad, de la evolución de precios, de la disponibilidad de bienes e insumos, para conocer a ciencia cierta dónde aparecen distorsiones o abusos de algún actor con poder de mercado", especificó el funcionario.

Sobre las reacciones que buscan embarrar la cancha, el funcionario aseguró que "se está tratando de evitar hablar de las novedades, y desviar la cuestión hacia las reformas de legislación vigente, que tiene que ver con cambios en la leyes de defensa del consumidor, de lealtad comercial, de defensa de la convivencia y de la denominada ley de abastecimiento".

"Ésta posibilidad de intervenir la fijación de precios que tiene el Ejecutivo, existe en la Argentina desde el año 1974", aclaró Costa al tiempo que ironizó sobre las acusaciones relacionadas al 'chavismo':"Es difícil pensar que hay inspiración en una legislación venezolana cuando existió desde 1974. A menos que este país haya sido chavista durante 40 años y nos enteramos ahora".

"Es una ley que se utiliza de manera muy ocasional ante situaciones claras de perjuicio a gran parte de los consumidores argentinos, con abuso de algún actor con poder monopólico, que se utilizó contadas veces y que nunca recibió ningún tipo de fallo que hable de la inconstitucionalidad", advirtió sobre las intenciones que persiguen las críticas de la oposición y el sector empresario.