Son otros 120 millones de pesos por fuera de los papeles. Serán utilizados para concretar la mudanza al sur de la Ciudad de oficinas de la administración macrista. El nuevo edificio será la vieja fábrica de bizcochos Canale, en la avenida Martín García al 300, frente al Parque Lezama.

El dinero, claro, se ejecutará en 2015, pero para organizar el traslado, el PRO contrató a una empresa en forma directa que redactará los pliegos licitatorios que permitan poner en funcionamiento las nuevas sedes.

Según una nota de Tiempo Argentino, Una mudanza Pro con cifras millonarias y contratos a dedo, "alrededor del edificio ya comenzaron los trabajos de refacción y embellecimiento para ocupar una pieza arquitectónica que la administración PRO no compró".

El diario da cuenta de su anticipo periodístico, en el que advirtió hace dos meses que "el macrismo alquiló la propiedad por 197.870.324 de pesos a la firma AB Consultora SA, a un promedio de 5,5 millones de pesos mensuales o unos 66 millones anuales".

La operación a concretar figura en el "Plan Plurianual de Inversiones Públicas 2015-2017", que forma parte del proyecto de ley para el Presupuesto del año próximo, que el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, envió el 30 de septiembre a la Legislatura porteña.

Y como ese plan de cuentas 2015 aún no fue aprobado en el recinto de Perú 130, los legisladores porteños -sobre todo los macristas-, se aprontan para un cierre de año con sesiones maratónicas con tal de "sacar" el tema antes del 20 de diciembre.

Según Tiempo, "dentro de las cifras que la comuna todavía no ha difundido, el gasto total para el traslado de las sedes será de 63,3 millones de pesos: este año la comuna ya desembolsó 4.100.000 pesos para avanzar con la mudanza, pero el resto será pagado en 2015".

Y explica: "En el caso de la readecuación del edificio alquilado frente a Parque Lezama, hasta ahora ya se destinaron otros 4.100.000 pesos, pero el año entrante será pagado el resto".

Resulta que dichos gastos esperan su aprobación dentro del Presupuesto 2015, Rodríguez Larreta y Franco Moccia, el subsecretario de Planeamiento de Control de Gestión, también firmaron la contratación directa Nº 2051-0195-CDI14, por 3.970.720 a favor de Contract Rent SA, autodefinida como "la única empresa regional especializada en el diseño y construcción de espacios de trabajo, capaz de ofrecer una solución integral a las organizaciones que enfrentan la necesidad de ampliar, refuncionalizar o trasladar sus oficinas".

Las quejas de otros legisladores

Facundo Di Filippo, de la Coalición Cívica, acusó: "Las autoridades del GCBA menosprecian los recursos humanos del Estado. Se la pasan tercerizando muchísimas cosas que tranquilamente podrían hacer los trabajadores y dejan en manos de terceros obras y gestiones de interés público".

Para Di Filippo se trata de una operación sospechosa: "Esta empresa no tiene dentro de sus clientes a ningún gobierno ni ente estatal, salvo al Banco Ciudad, donde realizó por lo menos ocho obras, y siempre bajo la gestión de funcionarios vinculados al actual gobierno, entre 2009 y 2013".

La segunda operación para este mes en curso implicará el desembolso de otros 4.150.000 millones de pesos que no serán entregados por contratación directa, sino mediante la Licitación Pública de Etapa Única Nº 1752/SIGAF/2014. Su resultado final estará listo el próximo 12 de diciembre, cuando se conozca al ganador de la "Contratación de un Servicio de Mudanza de computadoras, Documentación de uso Diario y Elementos de Trabajo del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Para el legislador de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, "hay una falta de planificación estratégica grave y permanentemente se ven avances y retrocesos, consecuencia de no actuar en forma seria y organizada. Lo mismo que ocurre con la fábrica de Canale pasa con el nuevo centro de exposiciones o la terminal sur".

A pesar de realizar una cuantiosa inversión para volver funcionales las instalaciones, si al término de dos años y medio la Ciudad decide hacer uso de la opción de compra por la otrora fábrica de bizcochos, "en ningún caso y bajo ningún concepto los importes abonados en concepto de alquiler podrán ser imputados a cuenta del precio de compra".

Tiempo resume que el asunto es "un negocio redondo para los dueños del inmueble que tienen otra propiedad en avenida Libertador al 2200. Según la base de datos Nosis, Rodríguez Larreta tiene una propiedad en ese mismo edificio. El jefe de Gabinete porteño negó conocer a los dueños de la ex fábrica Canale y, ante la consulta aseguró que el departamento pertenecía a su fallecido padre.

Y concluye que el ministro coordinador defendió la mudanza y afirmó que le permitirá ahorrar $ 80 millones a las arcas porteñas por las diferencias de precio entre el centro y sur de la Ciudad. En referencia a las cuotas que el gobierno pagará por la locación de la ex fábrica de bizcochos y que no "podrán ser imputados a cuenta del precio de compra", afirmó que se trata "de un alquiler como cualquiera".