Malvinas: Argentina le avisó a Gran Bretaña el fin del pacto ''favorable'' que había firmado con Macri

Santiago Cafiero anunció el fin del “Pacto Foradori-Duncan” y propuso una nueva reunión -en la sede que tiene la ONU en Nueva York- con Gran Bretaña para poder retomar las negociaciones de la soberanía de las Islas Malvinas que el Reino Unido usurpa desde 1833. 

“Lo hice en reunión con el Secretario de Estado para las Relaciones Exteriores del Reino Unido, James Cleverly, en la Cumbre de cancilleres del G20 en Nueva Delhi, India”, escribió en su cuenta de Twitter el canciller, y lo acompañó de una imagen del encuentro. 

Este pacto fue "uno de los hechos más lesivos para el histórico reclamo por el ejercicio de soberanía sobre las islas Malvinas", describió Cancillería sobre el acuerdo. 

Cafiero aseguró que una agenda de temas, la cual propuso, debe ser parte del proceso de negociación impulsado “de conformidad con lo dispuesto por la resolución 2065 AGNU”. E indicó que “Argentina cumple con el mandato de la Asamblea General y del Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Honramos el compromiso del presidente Alberto Fernández y de nuestro gobierno de sostener a la Cuestión Malvinas como una política de Estado”.

Qué decía el pacto Foradori-Duncan 

Este acuerdo fue suscrito en 2016 por el Gobierno de Mauricio Macri en la embajada británica en Buenos Aires, firmado por el entonces vicecanciller argentino Carlos Foradori y el ministro de Estado para Europa y las Américas del Reino Unido Alan Duncan. 

Era para garantizarle al Reino Unido "la remoción de todos los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas, desarmando una estrategia que se había impulsado poner límites a la ocupación ilegal y a la expoliación de los recursos naturales del archipiélago", tal señaló Cancillería. 

Y agregó: "Ese documento realizaba concesiones a los intereses británicos en la región y retrocedía notablemente en el justo reclamo por soberanía, incluso se lo hizo trascender como 'comunicado conjunto' para evitar cumplir con la obligación constitucional de someter a la aprobación del Congreso Nacional los acuerdos internacionales que suscribe el Poder Ejecutivo". Se trata, por lo tanto, de un acto que tiene "características manifiestamente ilegítimas y agraviantes para los intereses nacionales". 

La declaración adoptaba las dos principales demandas británicas que la entonces primera ministra británica, Theresa May, le había realizado al presidente Macri en una carta: 

"Remoción de obstáculos para explotación de recursos y vuelos al continente". En términos de recursos naturales, el comunicado expresaba que se había acordado "remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas". 

En cuanto a los vuelos, el comunicado consignaba que las partes habían "acordado que serían establecidas conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países". 

Claramente, el acuerdo contradecía la postura histórica de la Argentina, que siempre promovió un segundo vuelo desde territorio continental mediante la aerolínea de bandera, Aerolíneas Argentinas. 

El convenio consideraba también "el levantamiento de todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales que había tomado la República Argentina para proteger sus recursos naturales frente a la explotación ilegal de la pesca e hidrocarburos". 

En la reseña, afirma: “Por el contrario, ninguno de los históricos reclamos argentinos estuvo presente en el texto. No hace mención a la disputa de soberanía, a la Resolución 2065 (XX), a la violación de la Resolución 31/49 que prohíbe acciones unilaterales y que el Reino Unido está llevando adelante en el área”. 

Y concluye: “Tampoco menciona la base militar que existe en la zona de paz y cooperación del Atlántico Sur. En realidad, el único obstáculo para el desarrollo económico de las Malvinas es, justamente, la persistencia de la disputa de soberanía que el Reino Unido se niega a negociar”.