Y un día, a casi tres meses del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, la jueza María Eugenia Capuchetti parece haberse despertado y presentó una denuncia que debió haber hecho hace ya mucho tiempo.

La magistrada se basó en un informe de gendarmería para hacer la denuncia formal en el que se analizó cómo se llevaron a cabo los procedimientos de extracción de datos del teléfono de Sabag Montiel, primero por la Policía Federal y luego por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, siempre por órdenes de la propia Capuchetti.

La denuncia apunta a que se investiguen si se cometieron delitos de acción pública en la manipulación del teléfono de Sabag Montiel y recayó por sorteo en el juzgado federal a cargo de María Servini, que trabaja este año con el fiscal federal Federico Delgado.

La pérdida del teléfono de Sabag Montiel en las horas posteriores al ataque ocurrido el jueves 1 de septiembre fue uno de los primeros hitos de la investigación: la primera extracción se intentó dentro del juzgado de Capuchetti hasta donde llegaron técnicos de la PFA convocados por la jueza.

Ese intento fracasó y horas después, en la noche del viernes, el teléfono fue llevado en un auto de custodia de la jueza hacia la sede de la PSA en Ezeiza, adonde llegó en un sobre abierto, encendido y sin un oficio que indicara cuál había sido el procedimiento que se hizo primero.

En las oficinas de la PSA intentaron nuevamente la extracción de la información y allí surgió la leyenda que daba cuenta que el celular había sufrido un reseteado de fábrica, según trascendió en las horas posteriores al suceso.

Según el informe de Gendarmería ese reseteo se realizó cuando el aparato ya estaba en manos de la PSA lo que descartaría la participación del juzgado de Capuchetti en el evento en el que se perdió una gran cantidad de pruebas por negligencia u otra cosa aún peor. De todos modos el hecho de que el teléfono no respetara la cadena de custodia podría caer sobre la misma Capuchetti.