Estudiantes mexicanos desparecidos ''constituyen delitos de lesa humanidad''
Así lo denunciaron organismos de derechos humanos argentinos que se reunieron con el embajador de México en nuestro país, con relación a los 43 adolescentes desaparecidos desde septiembre en el estado mexicano de Guerrero.
Como se recordará, 43 estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre en Iguala, estado de Guerrero, donde fueron atacados por policías que los entregaron al cartel local Guerreros Unidos que los habría asesinado y luego, según se cree, habrían calcinado sus cuerpos.
Ahora, representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. y Madres de Plaza de Mayo se reunieron con el embajador mexicano Fernando Castro Trenti, a quien le manifestaron su repudio por la desaparición de los estudiantes.
Los organismos le manifestaron su "preocupación" por el hecho y plantearon al representante diplomático que México “no puede desconocer el incumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la desaparición forzada".
Tras indicar que esos delitos "constituyen delitos de lesa humanidad”, emitieron un comunicado en el que advierten que "las miles de desapariciones y asesinatos perpetrados como crímenes de lesa humanidad desde hace decenas de años son el contexto de este nuevo crimen masivo”.
Además aseveran que es "responsabilidad de todos los estados de México dar las respuestas pertinentes que estén a la altura de las circunstancias, sin permitir la impunidad para ninguno de los culpables de los crímenes”.
La desaparición de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Iguala, se dio luego de un ataque de policías municipales a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, periodistas y civiles, que dejó como saldo otras seis personas muertas y 27 heridas.
El hecho estremeció al país, creando incluso una crisis política de envergadura que derivó en un pedido de licencia del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien hizo esa solicitud para "favorecer a un clima político" que permita hallar una salida a dicha crisis.
Es que, según creen familiares de los chicos desaparecidos y organismos de derechos humanos mexicanos, el entramado mafioso que llevó a la desaparición forzada de los 43 alumnos incluye tanto a los carteles narcos y la policía como al poder político local.