Desde el Gobierno, Germán Garavano, busca implementar a nivel nacional la experiencia que llevó a cabo cuando fue fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, con un régimen de vacaciones en el sistema judicial que permitía la atención al público sin interrupciones como ocurre ahora en enero y julio. 

Para muchos la feria- que incluye los 31 días de enero más otros 15 en el invierno- es vista como un privilegio sobre el resto de los trabajadores que en la mayoría de los casos apenas llegan a la quincena anual.

"Hay que debatir cómo darle agilidad a la Justicia y que la rueda judicial no se deje de mover 45 días al año, con un grave perjuicio para los ciudadanos. Se plantea discutir cómo podemos hacer para que fiscalías y juzgados no permanezcan cerrados al público tantos días", planteó Garavano, en diálogo con La Nación.

Y afirmó: "También creemos que hay que ampliar los horarios de atención al público con dos turnos de trabajo". Un estudio realizado por la organización no gubernamental Fores (Foros de Estudio sobre la administración de la justicia) señaló que "la feria judicial implica una interrupción del 18,36% anual de la labor del sector" y además "Si a ello sumamos que se trabajan seis horas diarias, el resultado es de 132 jornadas". 

Un cambio drástico en la feria judicial no es una decisión que se pueda tomar desde el poder Ejecutivo sino que necesita del aval de la Corte Suprema y del Ministerio Público Fiscal.

Las opiniones sobre la importancia de mantener la feria como se maneja hasta ahora en el sector judicial- que sí se mantiene activo para casos de urgencia- está dividida entre quienes creen que es un sistema obsoleto y privilegiado y quienes lo ven como una forma de unificar criterios y descansos en el sector.  Hasta el momento, el secretario general del gremio de los judiciales, Julio Piumato, se mantuvo en silencio respecto del proyecto de Cambiemos. 

Fuente: La Nación