El Ejecutivo vetó este lunes una ley del Congreso que reestablecía la institución del salario mínimo profesional, aplicable a todos los salarios fijados por convención colectiva o laudo arbitral para cada categoría profesional de la actividad.

Se trata de un proyecto que había sido aprobado en 2015 por la Cámara de Diputados con la anterior composición del cuerpo, y al que el Senado dio sanción definitiva y por unanimidad el pasado 23 de noviembre pasado.

El proyecto buscaba volver a introducir en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) el concepto de salario mínimo profesional, que fue suprimido por la reforma introducida por la última dictadura cívico-militar en 1976.

De acuerdo a los fundamentos de la iniciativa, el objetivo del proyecto era precisar que el salario mínimo profesional regirá “para todos los trabajadores por categoría profesional de la actividad o empresa que corresponda” y tendrá vigencia al concertarse la convención colectiva de trabajo.

Este salario profesional podría asimilarse, según el proyecto, en su escala al salario básico, ya que para fijar su monto se deben tomar en cuenta diversas circunstancias, como la capacidad técnica del trabajador, la naturaleza y riesgo del trabajo, la situación económica de una rama de la producción o de la empresa.

A través del decreto 1.283, que fue publicado este lunes en el Boletín Oficial y lleva la firma del presidente Mauricio Macri, el jefe de gabinete Marcos Peña y el ministro de Trabajo Jorge Triaca, la norma fue vetada “por su rigidez y antigüedad conceptual".

Según la norma del Ejecutivo, "resulta contraria al modelo racional y moderno de regulación laboral que se busca promover en la actualidad, basado en la creación y protección del empleo pero alejado de toda esclerosis legal que impida el desenvolvimiento de nuevas y creativas formas de organización del trabajo, que pueden ser acordadas en el plano colectivo, con pleno respeto del orden público laboral”.

Para el presidente del bloque de diputados del FPV-PJ, Héctor Recalde, sin embargo, el veto presidencial “constituye un paso más del Gobierno en su intención de imponer la flexibilización laboral de los 90”.

El diputado marcó que el veto en cuestión es el segundo “a una ley favorable a los trabajadores”, ya que “el primero fue a la que prohibía los despidos arbitrarios dando racionalidad a las relaciones laborales”.

Mediante un comunicado, Recalde destacó que en los fundamentos del decreto de veto se reitera “el discurso flexibilizador de los 90, con sus alusiones a que la norma vetada... por su rigidez y antigüedad conceptual, resulta contraria al modelo racional y moderno de regulación laboral que se busca promover en la actualidad”.