Germán Garavano y Juan José Aranguren, los ministros de Justicia y Energía, respectivamente, anunciaron que ahora sí el Gobierno llamará a una audiencia para defender el nuevo esquema tarifario. Por norma, la misma debió haberse llevado a cabo antes de implementar las subas.

El recule del Gobierno no se debe a los reclamos populares por lo escandaloso de las subas, sino porque anticipan que la Corte Suprema no aprobaría el aumento. 

Aranguren dijo que la audiencia será "informativa" y a la vez "participativa", en un nuevo intento por legitimar las alzas, aun cuando un mecanismo como el anticipado seguiría siendo objetable en la Justicia debido a que resultaría posterior a la toma de la decisión. 

Según lo declarado por Aranguren, la audiencia tratará los costos de producción del gas y la electricidad, mientras desde su ministerio indicaron después que "todos los sectores involucrados podrán exponer su posición y dar sus argumentos sobre la cuestión energética", informó el portal Ámbito.com.

Aranguren consideró que un "principio de solución" al conflicto de las tarifas de gas es la audiencia pública para el valor del transporte y la distribución, que forma parte de la revisión integral de los contratos y que ya fue convocada para octubre. En opinión del Gobierno, no es necesario celebrar audiencia por el precio del gas que perciben las petroleras y por el precio mayorista de la energía. 

Por eso dijo: "Si la gente, los políticos, los jueces o los periodistas piensan que tenemos que hacer una audiencia pública para lo que es el valor de la generación de electricidad y el precio de gas en boca de pozo, bueno, vamos a hacer una audiencia pública".

"La gente ya aceptó los aumentos de tarifas y paga", dijo también Aranguren, y detalló que el 87% de los usuarios residenciales de gas por red en el área metropolitana recibió facturas inferiores a $500 mensuales en el período mayo-junio, de los cuales el 78% pagó.

El ministro también aseguró que sería "muy grave" que la Corte Suprema falle contra los aumentos de tarifas porque se necesitarían $22.000 millones para reponer subsidios. 

Por su parte, Garavano sostuvo que hay tribunales que buscan "gobernar y marcar la política energética". Exhortó a la Corte a que "ordenen algunas cosas que, claramente, parece que han tenido otras finalidades distintas a la de proteger a algunos usuarios en particular, para dar certidumbre".