Una vez más, la Justicia volvió a mostrarse adicta a las corporaciones, y en Tucumán falló de forma bochornosa para declarar la nulidad de las elecciones en la provincia, donde el candidato del Frente para la Victoria, Juan Manzur, se había impuesto por más de 11 puntos de ventaja.

Este tema fue analizado en 678 por el abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat, quien explicó que el fallo es sedicioso y prevaricato porque “se falla contra derecho a sabiendas que está fallando contra derecho, y para beneficiar con una de las partes, en este caso, los personeros del Acuerdo para el Bicentenario”.

El invitado del programa de la TV Pública precisó los detalles que derivaron en la insólita decisión, y remarcó: “Hay una Junta Electoral conformada y aceptada por todos los sectores políticos; estaba cumpliendo su cometido, pero el 4 de septiembre se presentan Cano y su compañero de fórmula para promover un amparo que pide la nulidad de las elecciones, sin referenciar ningún hecho concreto de sospecha de fraude; es toda una creación retórica, una leyenda documentada”.

“El Gobierno debió haber impugnado la incompetencia de la Cámara, y la medida cautelar”, indicó el abogado, para luego expresar: “El recuento se terminó con una diferencia aplastadora, y uno esperaba que al día siguiente se levante la cautelar, porque la supuesta verosimilitud del derecho ha quedado pulverizada por el resultado electoral”.

De acuerdo con Barcesat, “esto es lo que, sin soporte normativo ni dogmático, hace que el voto del pueblo de Tucumán no sirva”, mientras que al respecto, agregó: “Los electores en última instancia son estos dos jueces, que acaban de cometer esta conducta sediciosa porque se están alzando contra una autoridad, que es la Junta Electoral provincial, que tiene esa competencia exclusiva que solo puede ser revista por la Corte Suprema de Tucumán”.

“Han puesto en crisis la institucionalidad tucumana, y han desoído la expresión más elevada de la soberanía del pueblo”, sentenció el constitucionalista, y consideró: “Están conjugados el poder económico, el comunicacional y la pata corrupta de la Justicia, para terminar en este engendro que abominamos, porque ofende el discurso jurídico y la racionalidad de las prácticas jurisdiccionales; un episodio bochornoso, único en la historia institucional del país, y que ameritará que estos jueces sean castigados”.