Este lunes al mediodía, Hebe de Bonafini convocó a militantes, autoconvocados y organizaciones políticas y sociales para evitar el allanamiento contra la Sede de las Madres de Plaza de Mayo sobre su archivo histórico. 

En la noche del domingo, un grupo de autoconvocados habían impedido que el abogado de la sindicatura a cargo del operativo previsto por el juez Fernando Perillo ingresara al lugar. 

La información sobre una nueva medida judicial en el marco de la causa que lleva la quiebra de la Fundación Madres de Plaza de Mayo llegó a mediados de la semana pasada. A través de las redes, la asociación que lidera Bonafini denunció el supuesto “inventario” que funcionarios de la justicia civil del Poder Ejecutivo realizarían esta mañana a las 11 sobre el archivo histórico que el organismo construye y protege desde hace décadas como un operativo que “carece de fundamentos legales y evidencia fines políticos”. ¿Cuáles? “Avanzar en la confiscación ilegal” del acervo patrimonial que las Madres atesoran en su sede de Hipólito Yrigoyen al 1500, advirtieron desde Madres.

Los funcionarios enviados por el juez Perillo que habilitó que los acompañen fuerzas de seguridad, estaba prevista para este lunes a las 11 am, por ello, desde el domingo a la noche, se apostaron varias personas para 'protegerlas'. 

Con el transcurso de la mañana se sumaron algunas figuras de la política, como el diputado Horacio Pietragalla, el legislador Carlos Tomada y el sindicalista Sergio Palazzo. 

Desde la Asociación advirtieron que es el quinto operativo que ordena la Justicia para “inventariar” el archivo de las Madres, lo que para ellas significa otra cosa: el peligro de que se lo queden y de que el ingreso de funcionarios de la justicia civil y del gobierno nacional, acompañados de la fuerza pública, signifique su desalojo permanente de allí.

El procedimiento fue solicitado por Javier Buján, el interventor del Instituto Universitario que lleva el nombre del organismo nombrado por el ministro de Justicia Germán Garavano, y habilitado por el juez en lo civil y comercial número 1, Fernando Perillo, quien lleva la causa de la quiebra de la fundación Madres de Plaza de Mayo. Sin embargo, desde Madres denunciaron que puntualizaron que “no hay motivos de hecho ni de derecho” para llevarlo a cabo y que su razón de ser es “política”.

“Es una medida política en contra de las Madres y de Hebe en particular, una demostración de fuerza”, consideró el abogado del organismo, Juan Morente. 

En el marco de la causa de la quiebra y en representación del Ejecutivo, Bujan reclamó tanto el archivo de las Madres como el inmueble en donde funciona la sede y Perillo le dio la razón. “Quiere echar a las madres de acá y despojarlos de su labor histórico”, remarcó Morente. En noviembre pasado, la Sala B de la Cámara Comercial revirtió esa decisión y avaló que la continuidad de las actividades de las Madres en ese lugar “debe ser autorizada".

Fuente: Página 12.