La prensa liberal, que acude a criticar al Estado apenas éste manifiesta su existencia funcional o laudatoria, puso el grito en el cielo no bien se enteró de que el Congreso se dispone a tratar reformas a la Ley de Abastecimiento. En términos generales, se habló de una situación de “alerta” por parte de las grandes empresas –de las que esa prensa es vocera-, lo que no dejó de sonar amenazante. No es fácil explicar por qué razón una discusión política, como lo es el tratamiento de una ley en su lugar natural, puede considerarse una amenaza por la que se debe estar alerta.

El hecho reedita, por enésima vez, la tensión histórica entre instituciones y corporaciones, que muchas veces no salía a la luz porque las corporaciones se imponían en secreto y sin ningún esfuerzo. Pero los legisladores de la República Argentina, en representación de todos sus ciudadanos, y sobre todo por derecho de ellos, estamos obligados a legislar de manera equitativa, lo que significa decir que estamos obligados a que el Estado aparezca en las gestiones ligadas a la distribución de las fuerzas de la economía.

Desde un punto de vista extremadamente liberal, el Estado no debe intervenir nunca en la economía; pero desde el punto de vista de las políticas de Estado (sería bueno preguntarse si la política podría existir sin una administración política y social de las herramientas del Estado), el Estado debe intervenir cada vez que la economía afecte al conjunto de la sociedad, en especial si está en juego el beneficio o el perjuicio de los sectores menos favorecidos.

El comunicado de Asociación Empresaria Argentina (AEA) divulgado por los diarios y enviado a los legisladores, se titula “Grave preocupación de AEA por el proyecto de Ley de Abastecimiento”. Allí, la asociación manifiesta “su grave preocupación por el proyecto de Ley de Abastecimiento”. En realidad, se trata de un proyecto (si somos estrictos, los proyectos son más de uno) y, por lo tanto, de un estado de discusión al que AEA, como cualquier fuerza civil que represente intereses de sector, puede avenirse a participar, argumentar y defender sus ideas, que para eso está la democracia.

Pero que un proyecto constituya “un grave avasallamiento al ámbito de decisión propio de las empresas privadas, claramente inconstitucional, ya que afecta el derecho de propiedad y a ‘ejercer toda industria lícita’ garantizados por nuestra Constitución”, no deja de ser un malentendido. En primer lugar, porque mientras el proyecto se siga discutiendo será solamente una idea; y también porque el texto parece aludir al concepto de un país sin control estatal en aquello que las empresas consideran “propio” del sector, como –creemos que a eso se refieren- la formación de precios inadecuados respecto de los productos y servicios que ofrecen.

Si a las grandes empresas, parece decir AEA, no se las deja ejercer la soberanía un poco principesca de los precios (así como el Estado no puede elevar los impuestos a las nubes porque sí, ¿por qué las empresas podrían hacerlo con sus precios?), entonces la sociedad debería prepararse para ver cómo se disuade “la actividad empresaria, las inversiones productivas y el empleo”.

El comunicado, impreciso en los alcances del proyecto, es, sin embargo, muy práctico como postulado de una ideología clásica del libre mercado. Pero, ¿alguien puede pensar que el mercado es libre? ¿Alguien puede creer que no lo maneja nadie, y que se rige naturalmente por la “justicia” de la oferta y la demanda?

Para contribuir con el sencillismo de los postulados ideológicos de AEA, que básicamente dicen que si el Congreso mete un dedo en la economía las empresas no invertirán ni darán trabajo, la prensa que le jura fidelidad desde hace décadas se encarga de no darles a sus lectores el texto de los proyectos. El plan es muy visible y siempre tuvo su eficacia: que la sociedad tome rápidamente partido lo más lejos posible de los hechos.

(*) Diputado de la Nación FPV.-