La Puesta en escena fue casi cinematográfica. La movida arrancó temprano con un gran operativo de seguridad, ordenado por el juez Sebastián Casanello, dispuesto en el aeropuerto de San Fernando a la espera de la llegada y detención de Lázaro Baez. Pasadas las 18 el barrio de Palermo se convirtió rápidamente en el foco de atención de la mayoría de los canales de televisión y medios nacionales a la espera del traslado del empresario a dicha dependencia. Si bien la declaración estaba pautada para el próximo jueves 7 de abril, el magistrado a cargo pidió adelantarlas para hoy. Cacerolas, señoras elegantes al grito de “chorro”, “KK”, “Devolvé la plata”,  y gran parte del país, por voluntad propio o imposición, siguiendo en televisión todo lo que ocurría.  

“Y lo que hasta hace unos meses era impensado, se volvió realidad: dos figuras del kirchnerismo fueron arrestadas y la foto de sus manos esposadas recorrió el país”, decía una nota de Infobae titulada “Lázaro Báez y Ricardo Jaime, dos símbolos del kirchnerismo, detenidos”. Periodistas, columnistas, empresarios de medios, actuales oficialistas exultantes disfrutaron del suceso y del manejo de la agenda a su imagen y semejanza.

Mientras tanto del otro lado del mundo la agenda sigue acaparada por el escándalo de Panamá Papers, y periódicos importantes como The New York Times de Estados Unidos, o El país de España, se atreven a señalar a Mauricio Macri como uno de los mayores afectados, teniendo en cuenta que hay 12 jefes o ex jefes de Estado involucrados, entre ellos el primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, quien renunció tras conocerse su vínculo con empresa en un paraíso fiscal. Incluso el diario alemán El Süddeutsche Zeitung, uno de los medios que impulsó la investigación, señaló en un artículo que los medios argentinos  lo “tratan muy bien” al Presidente y le dieron "más importancia a la denuncia vinculada al secretario de Néstor Kirchner que al propio Mauricio Macri", cuando “a su antecesora se la sometía a fuertes presiones para que deje el cargo”.

Nada de lo antes señalado puede sorprendernos. Durante los últimos 40 años de la historia argentina, sobre todo desde la última dictadura cívico miliar que permitió la apropiación de Papel prensa por parte del Grupo Clarín, la corporación mediático judicial ha actuado con solvencia y ha sido protagonista de las decisiones centrales de los Gobiernos democráticos, y ha operado en su contra cuando desde el poder Ejecutivo se intentó poner freno al avance de sus procedimientos. La corporación mediática ha sabido actuar con astucia para desestabilizar gobiernos, hasta hacerlos caer. Claro está, no pudo lograrlo con el Kirchnerismo y en ese sentido lo que se propone es destruir su legitimidad utilizando como cómplice clave a un sector del poder judicial que se atribuye “la reserva moral de la patria”.

Lamento decepcionar a los todavía crédulos, pero nada de esto tiene que ver con la verdadera Justicia o la lucha contra la corrupción, que sería lo más redimible del asunto. La cuestión central es judicializar las discusiones y ningunear la política, quitar de la agenda la disputa sobre modelos de Estado contrapuestos, políticas de ajuste, tarifazos, despidos en organismos públicos y empresas privadas, o endeudamiento. De esta manera se disciplina al sujeto, se lo pone en un lugar de pasividad total, se estigmatiza al militante y se lo etiqueta como delincuente, se hace del ciudadano una máquina de demandar juicios y cárcel para otros, en vez de reclamar por sus propios derechos. Aquello se hizo sistemáticamente durante los últimos cinco años del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y lo mismo seguirán haciendo hasta verla presa.

Lo que aun no ha querido ver el oficialismo es que ninguno de los problemas cotidianos de los argentinos se resuelve con operaciones judiciales y  blindaje mediático. El pueblo puede equivocarse pero no se suicida, y lo ha demostrado con creces. El colchón de 12 años de crecimiento económico estable pronto se quebrará, los sectores de bajos y medios recursos sentirán la presión del aumento de precios, la falta de demanda se trasladará a las PyMes y comercios familiares, y seguirán aumentando los despidos. Los servicios de salud y Educación que brindaba el Estado volverán a sus épocas más decadentes, desaparecerán los trenes y ferrocarriles, los jubilados volverán a morir de frío y hambre, y las políticas de integración federal serán un recuerdo. Para entonces el pueblo ya no creerá en las operaciones ni se dejará engañar por cortinas de humo y exigirá respuestas ya no judiciales sino políticas.