El gobernador del estado de Tennessee -en los Estados Unidos- Bill Haslam, firmó este jueves una ley que reintroduce el uso de la silla eléctrica.

La pena de muerte ya estaba establecida en dicho estado, aunque la escasez de inyecciones letales, llevaron al mandatario a impulsar el regreso de un método bestial.

Los medicamentos necesarios para la inyección letal, que se están agotando porque las farmacéuticas que los fabricaban han dejado de venderlos, se han vuelto difíciles de conseguir.

El faltante del componente clave data de 2011 -cuando el pentotal sódico, era el anestésico utilizado por los 32 estados que aplicaban la pena capital- año en el que la compañía estadounidense Hospira detuvo la producción.

En un intento por erradicar esa manera de terminar con las condenas que representan una flagrante violación a los Derechos Humanos, la Comisión Europea prohibió la exportación de productos para ser usados en inyecciones letales.

En una clara muestra de lo poco que importan los derechos personales en algunas partes del mundo, las dos cámaras del Congreso estatal aprobaron por amplias mayorías el proyecto de ley que acaba de firmar el gobernador.

Quienes habían sido condenados antes de 1999, tenían la posibilidad de elegir entre la inyección o la silla.

La última ejecución puso en el tapete la discusión sobre los métodos para aplicar la pena: Clayton Lockett (38) había matado a una mujer de 19 años y debía ser ejecutado el 29 de abril pasado con una inyección letal, en Oklahoma. El reo murió de un ataque al corazón tras pasar 40 minutos sufriendo convulsiones, muy agitado, con el cuerpo tembloroso, emitiendo gruñidos y pronunciando palabras incomprensibles, mientras luchaba por respirar.

Después de los problemas surgidos en la muerte de Lockett, el presidente estadounidense, Barack Obama, ordenó al secretario de Justicia, Eric Holder, un "análisis" de la pena capital.