A partir de un convenio entre el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura de Bolivia se estableció que para asumir en un cargo en el Estado y la administración pública, independientemente si es mediante elección o designación, las personas deberán presentar un documento que certifique que no poseen antecedentes vinculados con violencia de género. 

El mismo deberá ser solicitado al Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género (Sippase). La ministra de Justicia, Virginia Velasco remarcó que esta disposición se desarrolla de acuerdo con el artículo 13 de la ley 348, que sanciona la violencia contra la mujer y subrayó que “para el acceso a un cargo público de cualquier órgano del Estado o nivel de administración sea mediante elección, designación, nombramiento o contratación, además de las previstas por ley, se considerará como un requisito inexcusable el no contar con antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia ejecutoriada en calidad de cosa juzgada”.

Fue en  2014 cuando el gobierno del presidente Evo Morales promulgó la ley 348 que define la erradicación de la violencia de género como una de las prioridades nacionales y como un problema de salud pública.

Para obtener el certificado, los interesados deberán presentar una solicitud ante el Ministerio de Justicia y abonar la suma de 35 bolivianos (alrededor de cinco dólares).

Fuente: Notas.