"Un banco, una empresa de alimentos de capitales argentinos, una gran proveedora para la industria petrolera y la construcción, una desarrolladora inmobiliaria para público ABC1, un gran grupo de medios de comunicación y una constructora cercana al poder", son las empresas que ya están en tratativas con el Gobierno nacional por las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, organismo que dirige Emilio Basavilbaso. Así lo informó el periodista Carlos Buegueño, de Ámbito, este viernes.

Para avanzar en este tipo de operaciones, que en los hechos significa lisa y llanamente la venta de activos del Estado en beneficio de empresarios y para obtener dinero rápido con el que Cambiemos podría redireccionar a gusto, el Gobierno esperará al primer trimestre de 2017. Es que en esa fecha, ya se estará cerca del el resultado final que vaya arrojando el blanqueo impositivo y de capitales que culminará el último día hábil de marzo, según se comenta en la misma nota.  

Desde el Ejecutivo aseguran que el ANSES sólo se desprenderá de los activos si estos tienen un valor de mercado que justifique la operación. Y que nunca será una venta masiva sino paulatina y analizando oportunidades. 

Estas seis empresas, que buscan recomprar la acciones que habían vendido al sistema privado de las AFJP y que resultó ser perjudicial para los intereses de los jubilados, ya les comunicaron por varias vías a muchos altos referentes del Gobierno, incluyendo a Mauricio Macri, la intención de "recomprar" las acciones de esas mismas compañías.

De hecho, tres de estas lo hicieron de manera directa al propio Presidente durante el Foro de Inversión y Negocios que el Gobierno organizó la semana pasada en el CCK, aseguró Burgueño. 

El organismo que maneja Basavilbaso ejerce la administración de parte de las acciones de unas 46 compañías a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), luego de la nacionalización de las AFJP en 2008; y el plan del Ejecutivo es desprenderse de todo o parte de este paquete para derivar el dinero a cerrar la deuda previsional.

Se supone que el dinero recaudado por el remate de las acciones, que se estima en 100.000 millones de pesos, debería, en teroía, ir al Plan de Reparación Histórica para los jubilados, que originalmente iba a ser financiado un 100% por el blanqueo. Sin embargo, si el resultado del llamado no es el esperado, será el Estado el que deberá cubrir el faltante. Sería en esa instancia (comienzos de 2017) donde comenzarían estas operaciones. La fórmula legal sobre la que se basa el Gobierno para avalar legalmente la operación es la de tener la facultad de vender las acciones, pero eventualmente también la de comprar papeles de otra empresa, llegado el caso.