A partir de los sucesos de la última semana en relación a la muerte de Luciano Arruga, o las repercusiones del caso Jonathan "Kiki" Lezcano, cuyos cuerpos fueron encontrados como NN entre los restos que yacen en el cementerio de la Chacarita, se abre una fuerte discusión en relación al abandono estatal y la fragmentación que se reproduce en los sectores sociales con menores recursos
El cuerpo de Luciano Arruga fue hallado a cinco años, ocho meses y 17 días de su desaparición. Mientras su familia seguía luchando, los trámites burocráticos se hacían interminables y los gobiernos de las distintas jurisdicciones y signos partidarios, así como jueces y fiscales, callaban y mostraban su lado más incompetente.
La noticia sobre la permanencia del cuerpo, enterrado como NN, en el cementerio de la Chacarita al que efectivos de la Policía Bonaerense intentaron obligar a robar para ellos, muestra con claridad y genera una ola de denuncias en relación a las irregularidades constatadas en los depósitos de cadáveres de los hospitales públicos de la ciudad.
El juez Andrés Gallardo, a cargo del juzgado 2 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la ciudad, denuncio penalmente al jefe de gobierno Mauricio Macri por las situaciones detectadas en los hospitales Ramos Mejía, Rivadavia, Durand, Muñiz, Piñero y Santojanni, entre otros centros de salud de la comuna, pero fue dos veces recusado.
Arruga había llegago al Hospital Santojanni, en una ambulancia del SAME el 31 de enero de 2009 a las 3:21 de la mañana. Según un expediente de la justicia de instrucción, el joven había sido atropellado por un auto en la intersección de Emilio Castro y General Paz.  Luciano fue operado a las horas de haber ingresado al Santojanni, pero según el expediente judicial murió a las horas producto de las heridas. Mónica Alegre, la madre de Luciano, relata que estuvo en el Santojanni preguntando y allí le indicaron paradójicamente dijeron que había un chico atropellado pero que no sabían nada de su hijo.
Lo que se evidencia entonces es una falta de control y rigor en el manejo de los y el tratamiento de los cadáveres sin identificar. Ante esta situación el grupo de abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (ADPH) de La Matanza, decidió retomar la campaña para exigir la sanción de una ley que cree un Registro Nacional de Personas Identificadas como NN.
El objetivo es la creación de un mecanismo centralizado que permita contrastar en tiempo real, de forma inmediata y a medida que va llegando la nueva información, los registros de personas desaparecidas con los datos de personas no identificadas que existen en hospitales, comisarías, cementerios, morgues, neuropsiquiátricos, etcétera.
El abogado Juan Manuel Combi, impulsor y uno de los patrocinantes de la familia de Luciano en el pedido de hábeas corpus que: "El proyecto forma parte de un trabajo colectivo en el que veníamos trabajando. Porque tenemos el antecedente de (Jonathan) Kiki Lezano, en el que a la familia se la tuvo dos meses y medio buscando cuando el cuerpo ya estaba enterrado como NN en la Chacarita. Queremos crear un Registro Nacional que sea el encargado de identificar todas las causas que ingresan el Poder Judicial con denuncia de desaparición o búsqueda de paradero. Además, con la creación de ese Registro la policía tendría la obligación inmediata de informar, en un plazo de 24 horas, mientras que los cementerios y los hospitales, por su lado, deberán tener al día sus libros con el registro de las personas no identificadas, delimitar y conservar correctamente las parcelas, y otras exigencias que no se cumplen".
El abogado de la ADPH dijo que el proyecto fue entregado a legisladores, funcionarios y otros organismos de Derechos Humanos pero no tuvo demasiadas devoluciones. "Quiero destacar el trabajo del Ministerio de Seguridad de la Nación, porque lo que ha hecho con este cotejo (de huellas dactilares), a través del hábeas corpus, ha sido muy prolijo. Se sometieron al hábeas corpus, como correspondía. Cuando las cosas se hacen bien, también hay que reconocerlo", comentó Combi.
Natalia Federman, Directora Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación, explicó: "La iniciativa de proponer un Registro Nacional me parece bien, pero una iniciativa de este tipo implica la articulación de muchas instancias judiciales, provinciales, municipales. Habría que ver cómo implementarlo para que sea efectivo, habría que hacerlo de una manera que asegure efectividad".

A partir de los sucesos de la última semana en relación a la muerte de Luciano Arruga, o las repercusiones del caso Jonathan "Kiki" Lezcano, cuyos cuerpos fueron encontrados como NN entre los restos que yacen en el cementerio de la Chacarita, se abre una fuerte discusión en relación al abandono estatal y la fragmentación que se reproduce en los sectores sociales con menores recursos.

El cuerpo de Luciano Arruga fue hallado a cinco años, ocho meses y 17 días de su desaparición. Mientras su familia seguía luchando, los trámites burocráticos se hacían interminables y los gobiernos de las distintas jurisdicciones y signos partidarios, así como jueces y fiscales, callaban y mostraban su lado más incompetente.

La noticia sobre la permanencia del cuerpo, enterrado como NN, en el cementerio de la Chacarita muestra con claridad y genera una ola de denuncias en relación a las irregularidades constatadas en los depósitos de cadáveres de los hospitales públicos de la ciudad.

El juez Andrés Gallardo, a cargo del juzgado 2 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la ciudad, denuncio penalmente al jefe de gobierno Mauricio Macri por las situaciones detectadas en los hospitales Ramos Mejía, Rivadavia, Durand, Muñiz, Piñero y Santojanni, entre otros centros de salud de la comuna, pero fue dos veces recusado.

Arruga había llegago al Hospital Santojanni, en una ambulancia del SAME el 31 de enero de 2009 a las 3:21 de la mañana. Según un expediente de la justicia de instrucción, el joven había sido atropellado por un auto en la intersección de Emilio Castro y General Paz.

Luciano fue operado a las horas de haber ingresado al Santojanni, pero según el expediente judicial murió a las horas producto de las heridas. Mónica Alegre, la madre de Luciano, relata que estuvo en el Santojanni preguntando y allí le indicaron paradójicamente dijeron que había un chico atropellado pero que no sabían nada de su hijo.

Lo que se evidencia entonces es una falta de control y rigor en el manejo de los y el tratamiento de los cadáveres sin identificar. Ante esta situación el grupo de abogados de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (ADPH) de La Matanza, decidió retomar la campaña para exigir la sanción de una ley que cree un Registro Nacional de Personas Identificadas como NN.

El objetivo es la creación de un mecanismo centralizado que permita contrastar en tiempo real, de forma inmediata y a medida que va llegando la nueva información, los registros de personas desaparecidas con los datos de personas no identificadas que existen en hospitales, comisarías, cementerios, morgues, neuropsiquiátricos, etcétera.

El abogado Juan Manuel Combi, impulsor y uno de los patrocinantes de la familia de Luciano en el pedido de hábeas corpus que: "El proyecto forma parte de un trabajo colectivo en el que veníamos trabajando. Porque tenemos el antecedente de (Jonathan) Kiki Lezano, en el que a la familia se la tuvo dos meses y medio buscando cuando el cuerpo ya estaba enterrado como NN en la Chacarita. Queremos crear un Registro Nacional que sea el encargado de identificar todas las causas que ingresan el Poder Judicial con denuncia de desaparición o búsqueda de paradero. Además, con la creación de ese Registro la policía tendría la obligación inmediata de informar, en un plazo de 24 horas, mientras que los cementerios y los hospitales, por su lado, deberán tener al día sus libros con el registro de las personas no identificadas, delimitar y conservar correctamente las parcelas, y otras exigencias que no se cumplen".

El abogado de la ADPH dijo que el proyecto fue entregado a legisladores, funcionarios y otros organismos de Derechos Humanos pero no tuvo demasiadas devoluciones. "Quiero destacar el trabajo del Ministerio de Seguridad de la Nación, porque lo que ha hecho con este cotejo (de huellas dactilares), a través del hábeas corpus, ha sido muy prolijo. Se sometieron al hábeas corpus, como correspondía. Cuando las cosas se hacen bien, también hay que reconocerlo", comentó Combi.

Natalia Federman, Directora Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación, explicó: "La iniciativa de proponer un Registro Nacional me parece bien, pero una iniciativa de este tipo implica la articulación de muchas instancias judiciales, provinciales, municipales. Habría que ver cómo implementarlo para que sea efectivo, habría que hacerlo de una manera que asegure efectividad".