El fiscal Fernando Rivarola avanzó en el cierre de la causa por la violación en grupo denunciada en Chubut por una joven el año pasado. Tres de los seis jóvenes acusados acordaron un juicio abreviado, lo que implica una aceptación de culpa y una pena más leve. 

La calificación del caso fue de abuso sexual con acceso carnal, lo que haría imposible un juicio abreviado. La calificación cambió a abuso simple. Dos de los acusados fueron sobreseídos al ser menores de edad al momento del ataque, a pesar de contar con más de 60 testimonios en la causa.

Pero quiénes fueron los violadores beneficiados con la ridícula calificación del fiscal:

Luciano Mallemaci: uno de los cuatro hombres señalados por la víctima como abusador, tiene 25 años y es hijo del dueño de una inmobiliaria reconocida en Puerto Madryn. De acuerdo a sus registros, su último empleo en blanco fue en una empresa cordobesa que se dedica a elaborar piezas de hormigón.

Marcelo Ezequiel Quintana: tiene 29 años y es otro de los señalados por la víctima. Está registrado en los rubros de servicios jurídicos de la AFIP. Integra junto a miembros de su familia la firma Andequin S.A., una sociedad dedicada a la construcción. Residía al momento de la denuncia en la ciudad de Buenos Aires.

Leandro del Villar: nacido en Puerto Madryn, tiene 28 años. Según medios locales, jugó al squash y es corredor de karting aficionado. Su principal actividad comercial es el transporte de pasajeros, en la que figura registrado como empleador según la AFIP.

T.S, uno de los acusados sobreseídos por ser menor al momento del hecho, nacido y crecido en Gaiman, provincia de Chubut, residía en Miami donde manejaba la compañía Patagonian Sea. Fue inhabilitado a salir del país. La víctima lo acusó de haber sostenido la puerta para que nadie ingresara al cuarto donde cuatro hombres abusaban de ella. Es hijo de un poderoso empresario de la pesca. 

El sexto acusado no quedó imputado. Habría colaborado con la Justicia desde un rol de arrepentido. Su papel en la presunta violación habría sido de coparticipación sin intervención. La víctima dijo que él confesó que la drogaron para someterla. Su hermano fue electo como intendente de Gastre, una comuna rural del norte de Chubut.

Así fueron los hechos según relata la joven abusada:

“Fue el 17 de septiembre de 2012, tenía 16 años y fue en Playa Unión”, comienza el texto que la víctima publicó en redes sociales, motorizado por la agrupación feminista local Las Magdalenas.

En mayúscula la carta concluye: “NO TENGO MIEDO, NO ME CALLO MÁS”. Los acusados estaban con nombre y apellido.

La acusación se volvió viral. El hashtag “#lamanadadeChubut” se propagó. El fiscal general de Rawson Fernando Rivarola inició la investigación de oficio e instó a la joven a que realizara la denuncia que luego fue investigada por la fiscal María Florencia Gómez.

Así, solicitaron la apertura formal de la investigación luego de recabar pruebas durante seis meses. En ese proceso, recogieron las declaraciones de más de 60 testigos que avalaron la declaración de la joven. En la audiencia de imputación del caso, un colectivo feminista junto a familiares, amigos y organizaciones sociales autoconvocadas se presentó frente a la fiscalía: desplegaron pancartas con consignas como “el silencio es complicidad”, “la manada es el sistema”, “ya no nos callamos más” y “tu apellido no te salva”.

Hoy, con otra calificación, tres de los acusados enfrentarán el juicio abreviado si el magistrado del expediente homologa el acuerdo.