En consenso con la familia de Santiago Maldonado, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos solicitó a través de una presentación judicial que la fiscal Silvina Alejandra Ávila sea apartada de la investigación por la muerte del joven platense, ya que también está involucrada en la causa que dio origen al despliegue represivo de Gendarmería en el Pu Lof Resistencia Cushamen, el 1 de agosto.

La secretaria coordinadora de la APDH, Soledad Astudillo, le confirmó a este medio que la presentación fue charlada con la familia de la víctima y que contó con su aprobación, aunque no se sabe si la querella principal se sumará a este pedido.

La organización entiende que existe conflicto de intereses: "Mientras que en una de esas causas persigue a los miembros de la comunidad mapuche y robustece las actuaciones de la Gendarmería Nacional como parte interesada, en la otra, investiga a Gendarmería así como la legalidad del despliegue de los órganos coercitivos del Estado", expresaron en un comunicado.

"La APDH entiende que esta situación pone en dudas el control jurisdiccional imparcial de dichos actos, es decir, brindar confianza de control judicial hacia otros órganos del Estado, lo que ha sido hasta ahora un factor importante de la falta de avances en la investigación", agrega el comunicado.

Este lunes por la mañana, el juez que interviene en la causa Gustavo Lleral adelantó que, a partir del pedido de la fiscal Ávila, se están haciendo las averiguaciones pertinentes para que el testigo -nombrado como "E" por algunos medios, pero cuyo relato aún no tiene incidencia judicial- que describió haber escuchado a los gendarmes gritar "tenemos a uno" ante la CIDH, declare formalmente en la causa.