En el marco de la investigación por la muerte de cinco jóvenes en la Time Warp que se llevó a cabo en Costa Salguero, el juez federal Sebastián Casanello les tomó declaración a dos miembros de Dell Producciones, la organizadora de la fiesta electrónica, y decidió que ambos continuarán detenidos.

Se trata de Máximo Ávila, apoderado de la productora, y Carlos Garat, encargado del plan de evacuación de la trágica fiesta, quienes fueron apresados el lunes, sumándose a los tres dealers acusados de proveer las drogas sintéticas que causaron las muertes.

Por otra parte, el magistrado también indagó a algunos de los 24 prefectos que fueron separados de su cargo tras la Time Warp. Se trata de los integrantes de Prefectura Nacional que estaban a cargo del control externo del predio y que hacían funciones de policía adicional el día de la tragedia. 

Los prefectos estaban dentro de los 28 imputados por el juez Casanello y se sospecha que habrían cobrado sumas de dinero por esa función adicional que dieron ese día. Según informaron fuentes judiciales, se incluían las del desplazado prefecto de la zona Río de la Plata y el ahora exjefe del Departamento Narcotráfico de la Prefectura Naval Argentina. 

Mientras se aguardan los resultados de las autopsias de los fallecidos, trascendió, según el diario Ámbito Financiero, que el magistrado habría aceptado la incorporación al expediente, en calidad de “amicus curiae”, de María Luján Rey, madre de una de las víctimas de la tragedia de Once; del legislador porteño Gustavo Vera, titular de la organización La Alameda; y de José Iglesias, abogado y padre de una de las víctimas de Cromañón, tal como lo habían solicitado en una presentación conjunta realizada el viernes último.