Este miércoles, cientos de personas se movilizaron al Congreso de la nación para rechazar el ajuste que el Gobierno aplicó a las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad. Denuncian la falta de pago a las obras sociales que garantizan las coberturas asistenciales, el desfinanciamiento de los programas terapéuticos y el pago de sueldos de los transportistas.

Familiares dijeron que el ajuste en discapacidad afectará principalmente “a las familias de bajos recursos, que no pueden costear los tratamientos de sus hijos”, como advirtió Lucas Blanco, integrante del grupo Padres TEA (Trastorno del Espectro Autista), miembro de la Red Federal TGD (Trastorno Generalizado del Desarrollo).

"Nosotros tenemos que salir a buscar nueva gente que trabaje con nuestros hijos. Dejan a nuestros hijos sin remedios, sin pañales, sin alimentos. Se están metiendo con los más vulnerables, no damos más", dijo la mamá de uno de los chicos en declaraciones a C5N.

Otro de los reclamos en la marcha es la plena implementación de la Ley Integral de Autismo(27.043), aprobada en noviembre de 2014 pero que no está siendo aplicada por problemas de interpretación.