La ministra de educación porteña, Soledad Acuña, advirtió en la previa del encuentro que se desarrolla en la sede de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad que "hay actores políticos que financian las tomas de colegios", desconociendo los motivos que preocupan a la comunidad educativa entera.

El Defensor Alejandro Amor es mediador entre representantes de distintos Centros de Estudiantes, incluso también de las escuelas tomadas, que hasta ahora habían sido la excusa de dilación para este debate, en palabras de la funcionaria Acuña.

Lo cierto es que las tomas alcanzaron 29 establecimientos, y los estudiantes son los que tienen sólidos argumentos. “La condición para que se levanten las tomas es que no se implemente la reforma totalmente inconsulta con la comunidad educativa”, señaló a Página 12 Malena, presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Normal 8 Julio Argentino Roca. Agustín, del Centro de Estudiantes del Normal 2 Mariano Acosta, calificó de “inamovible" su postura respecto a la reforma, mientras que Rocío, del Normal 1 Roque Sáenz Peña, explicó que están en contra de la aplicación porque “tiene puntos conflictivos" y "es un proyecto meramente empresarial, comercial y que fomenta la competitividad”. 

Los centros de estudiantes coinciden en lograr tres puntos si es que las autoridades quieren lograr el cese de las tomas: el Ministerio deberá dar más información sobre la "Secundaria del Futuro", abrir una mesa de diálogo y postergar la implementación del proyecto. 

“Ellos dicen que la puerta al diálogo siempre esta abierta, pero el jueves pasado convocaron a una reunión con los estudiantes y a los alumnos de las escuelas tomadas literalmente nos cerraron la puerta en la cara y no nos dejaron pasar”, recordó la presidenta del Centro de Estudiantes del Normal 8, mientras detallaba un "apriete" posterior para que levanten las medidas y así consensuar la reunión.

Las exigencias se desprenden de una propuesta elaborada por algunos alumnos de la Coordinadora de Estudiantes de Base, con el fin de aunar los reclamos y evitar la dispersión en una reunión que tendrá representantes de todas las escuelas porteñas y será muy numerosa. Este escrito tiene el aval de los asesores tutelares ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso y Administrativo, Gustavo Moreno y Mabel López Oliva, los mismos que presentaron el amparo cuando el Gobierno de Rodríguez Larreta impartió el protocolo de denuncias policiales en caso de tomas.