El exministro de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, comenzó el 2018 con un interesante abordaje de la situación mundial, en cuanto a la economía y la política. En su texto repasó en items las herramientas de los que se valen los gobiernos de los CEOS, pero también explicó cuáles fueron las fallas de los gobiernos populistas de la región, que fueron incapaces de protegerse ante amenazas del poder económico.

"Nuestra región ha pasado por momentos de marcada ampliación de la ciudadanía real, en que gobiernos populares lograron elevar a condiciones dignas de vida a amplios sectores de la población. Pero a poco, esos mismos sectores se volvieron resistentes y enemigos de esos gobiernos y de sus movimientos políticos y adhirieron a las fuerzas regresivas, que no sólo impidieron el avance de la inclusión, sino que incluso la hicieron retroceder", lanzó en su ensayo publicado por lateclaene.com

"Sin los populismos, nuestras sociedades serían hoy continuadoras del quasifeudalismo del porfiriato mexicano, del coronelismo brasileño, del patriciado peruano, de la oligarquía vacuna argentina o del estaño boliviana (...) los populismos no prepararon institucionalmente a nuestros Estados para resistir una agresión colonialista como la que sufrimos en este momento", describió el profesor emérito de la UBA para después abordar conceptos de "ciudadanía solidaria", "meritocracia individual" y "estado fraterno", en un texto muy interesante.

De la A a la Z, las estrategias de debilitamiento para los estados latinoamericanos, todos ellos empleados por la gestión macrista:

(a) corrupción de sus estamentos políticos mediante el cohecho activo practicado por los propios Ceos o sus agentes locales; 

(b) prohibición de tóxicos y otros servicios, con su consiguiente plusvalía, que genera luchas sangrientas por la competencia para el acceso al mercado de mayor consumo; 

(c) corrupción policial, vinculada o no a lo anterior, eventual corrupción de la justicia, altos índices de homicidio y letalidad policial y pérdidas de control territorial; 

(d) prisionización masiva en condiciones de campos de concentración y reproductora de criminalidad violenta, que permite a los monopolios mediáticos justificar cualquier abuso represivo; 

(e) contratación irresponsable de deudas externas que comprometen los presupuestos por décadas y obligan a futuras renegociaciones problemáticas; 

(f) venta o entrega descontrolada del patrimonio estatal a las corporaciones o a sus agentes, con pretexto de ineficacia; 

(g) facilitación de negociados con cobertura de licitud o sin ella, en medio de un festival de especulación financiera; 

(h) involucramiento de las fuerzas armadas en funciones policiales, que deteriora el prestigio de esas fuerzas y, con ello, la defensa nacional; 

(i) aperturas de importación que destruyen a las pequeñas y medianas empresas demandantes de mano de obra, reduciendo la capacidad productiva nacional; 

(j) derogación de la legislación laboral, con el pretexto de que la crisis productiva resulta de los altos costos de los salarios: 

(k) desfinanciamiento de la investigación y de la enseñanza superior oficial, aduciendo que son costos improductivos; 

(l) reformas impositivas regresivas, con el pretexto de estimular a los más ricos para la inversión productiva, resultando en desplazamiento y concentración de riqueza; 

(ll) supresión o reducción radical de las subvenciones a los servicios públicos de primera necesidad, como energía y transporte, argumentando la necesidad de que cada quien pague sus servicios; 

(m) reducción y eliminación de planes sociales, so pretexto de fomentar la holgazanería y el desempleo voluntario; 

(n) despidos masivos de la administración pública, so pretexto de reducir el gasto, que desbaratan la eficacia de la burocracia estatal; 

(ñ) estigmatización de la dirigencia sindical con el pretexto de corrupción, con el objeto de impedir toda resistencia de los movimientos obreros organizados; 

(o) fortalecimiento de los servicios de inteligencia para fines de coacción política, so pretexto de investigar corrupción; 

(p) difamación pública de todo opositor o resistente, con falsas noticias y manipulación judicial, con el mismo pretexto; 

(q) indiferencia o incentivación de la letalidad policial y de la represión a toda manifestación de resistencia más o menos colectiva; 

(r) persecución de opositores y resistentes, haciendo uso arbitrario de la prisión preventiva, a través de jueces adictos o coaccionados; 

(s) privatización de la seguridad social, arguyendo la falsa imposibilidad de mantener el sistema previsional solidario; 

(t) privatización de los servicios de salud, beneficiando a las empresas proveedoras, con el pretexto de su mayor eficacia; 

(u) facilitación de la intervención privada en empresas extractivas y de importancia estratégica, con serio peligro de expoliación de riquezas naturales, con el pretexto de incentivación del sector; 

(v) estigmatización de pueblos originarios para despojarlos de tierras o impedir sus reclamos, con pretexto de terrorismo; 

(w) impulso a la concentración monopólica de medios de comunicación audiovisuales en manos de corporaciones afines, para crear una realidad social única, incompatible con la democracia plural; 

(x) encubrimiento mediático de los delitos y negociados de los funcionarios propios mediante el silencio en los medios masivos; 

(y) linchamiento mediático de todo juez o fiscal que no responda a la planificación corporativa, con el pretexto de su ineficacia o corrupción, y manipulación política para la designación de jueces y fiscales obedientes al proceso de avance del colonialismo; 

(z) reducción de salarios, jubilaciones, pensiones y otros ingresos, mediante una discreta inflación, acelerada por devaluaciones progresivas de la moneda.